El Gobierno ultima la reducción de jornada laboral a 37,5 horas semanales para 2025
El Ministerio de Trabajo ultima la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales para 2025, según el acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Sumar. La primera reunión sobre la reducción de jornada se celebró el 25 de enero, con deberes autoimpuestos para sindicatos y patronales. Ambas partes propusieron mantener una negociación paralela para definir los detalles de la ejecución del recorte de la jornada ordinaria. El Gobierno aceptó este planteamiento y mantuvo abierto el diálogo tripartito para aportar su punto de vista.
La segunda reunión se celebró el 19 de febrero y la tercera el pasado jueves. En esta última, los agentes sociales llegaron sin acuerdos sustanciales alcanzados por su cuenta. Este encuentro con la participación de Trabajo no cambió las cosas y, al término del mismo, ni siquiera comparecieron los sindicatos para ofrecer su valoración, como suelen hacer. No obstante, el acuerdo puede tomar impulso en breve, ya que el departamento de Yolanda Díaz prioriza esta negociación tras el acuerdo para reformar el subsidio de paro.
El compromiso de PSOE y Sumar
El compromiso de PSOE y Sumar es recortar la jornada ordinaria de 40 horas semanales a 38,5 horas en 2024 y a 37,5 horas en 2025. El pacto de Gobierno no especifica en qué momento del año se aprobaría el cambio, pero la idea del ministerio es que fructifique antes del verano. En febrero, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, planteó que el cómputo debería ser anual y también propuso prohibir los registros diarios de jornada en papel, obligando a las empresas de más de 50 trabajadores a que el registro sea siempre telemático y permita el acceso remoto de la Inspección.
Falta de acuerdo en la negociación
Las partes llegaron a la mesa de negociación del pasado jueves sin visos de avanzar, tanto por la falta de acuerdo en el diálogo bipartito entre sindicatos y patronal como por las fechas de la reunión, en plena campaña de las elecciones europeas. Tampoco es el mejor momento en la relación del departamento de Díaz con los agentes sociales. Tanto los empresarios como los sindicatos expresaron su malestar por la reciente aprobación de la prevalencia de los convenios autonómicos, una concesión del PSOE al PNV para la investidura de Pedro Sánchez. Tampoco gustó el cambio en la normativa del Consejo Económico y Social (CES), que permitirá la participación de las patronales autonómicas, incluida la catalana Pimec, más independiente respecto a CEOE.
Precisamente, los empresarios han insistido en que la negociación sobre la reducción de jornada se limite a ellos y los sindicatos, sin la presencia del Ejecutivo. Los representantes de los empresarios defienden que en los sectores más productivos ya se ha recortado la jornada y se puede seguir contrayendo, de ahí que cuatro de cada diez convenios establezcan jornadas de 38,5 horas o menos, según datos de Trabajo.
Apoyo social y parlamentario
La reducción de jornada propuesta por PSOE y Sumar goza de un amplio respaldo social. Dos de cada tres españoles la apoyan, según una encuesta del instituto 40dB para EL PAÍS y la Cadena SER. La proporción de apoyo es la misma si se pregunta por ir más allá, con un día menos de jornada y 32 horas de trabajo. Los que más abogan por esta medida son los jóvenes y el electorado progresista, pero también destaca el escaso rechazo en los partidos de la oposición. Solo un 24% de los votantes del PP y un 29% de los de Vox reniegan del recorte de dos horas y media de trabajo a la semana.
El cambio en la normativa laboral exige al Gobierno lograr el acuerdo de una mayoría parlamentaria. Es decir, deberá lograr la aceptación de los socios que más chocan con el Ejecutivo en materia laboral, como Junts y PNV.
