Feijóo reúne a sus barones para buscar un "frente común" contra el pacto del PSC y ERC en Cataluña

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha convocado a sus 11 presidentes autonómicos para el próximo 6 de septiembre en un gran cónclave con la financiación autonómica como telón de fondo. Feijóo pretende salir del encuentro con un "frente común" contra el Gobierno de Pedro Sánchez por el pacto del PSC y ERC, que ha acordado una financiación singular para Cataluña.

Sin embargo, las disensiones entre las autonomías gobernadas por el PP anticipan dificultades para hacer una propuesta conjunta. Andalucía, Galicia o Baleares tienen necesidades distintas y los territorios se muestran firmes en sus demandas. "Defenderemos lo nuestro", aseguran fuentes del Ejecutivo de una de las autonomías del PP más pobladas.

La financiación autonómica, un asunto pendiente

El sistema de financiación autonómica está caducado desde 2014 y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tiene entre sus deberes pendientes abordar su reforma. Montero pretende negociar con el PP cuando plantee una propuesta conjunta, un escenario que de momento se aventura alejado.

Los territorios se reafirman en sus reclamaciones propias. Las comunidades históricamente infrafinanciadas, como Andalucía, la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia, piden un rediseño urgente. A estas se suma Castilla-La Mancha, con el socialista Emiliano García-Page, cuyos planteamientos afines se materializaron en la estampa del pasado enero en la Feria de Turismo de Madrid, en una fotografía conjunta con los populares Juan Manuel Moreno, Carlos Mazón y Fernando López Miras.

Las mismas fuentes solicitan la revisión del criterio de población ajustada como reivindicación central. Una variable que refleja la necesidad de gasto de cada comunidad tras ponderar el número de habitantes según factores demográficos y geográficos.

"O de una vez por todas empezamos la reforma o tendremos un grave problema", apremian desde otro de los Gobiernos populares de las comunidades golpeadas por la despoblación y el envejecimiento: Galicia, Castilla-León y Extremadura. "Aquí cada uno ve lo suyo. Se ha instalado la idea de que el sureste está infrafinanciado; no estoy de acuerdo, nosotros también lo estamos", se quejan en otro de esos Ejecutivos.

Las comunidades aportadoras netas

En otro flanco se ubican las comunidades del PP consideradas como aportadoras netas, Madrid y Baleares, que junto a Cataluña son las que reciben tradicionalmente más de lo que aportan a la caja común.

"Cada uno defiende lo que considera oportuno o le afecta", indican fuentes populares de uno de esos Ejecutivos. "Nos parece correcto apoyar a la España que se vacía, pero no hay que olvidar la España que se llena", agregan las mismas fuentes, que ponen el acento en el principio de ordinalidad.

Esta demanda, que es justamente parte de lo pactado entre PSOE y ERC para Cataluña, defiende que los mecanismos de solidaridad y nivelación deben corregir la desigualdad, pero no revertir el ránking de recursos per cápita.

El encaje de bolillos

Consciente de las disparidades, el equipo del vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, lleva meses trabajando con los consejeros de Hacienda de sus comunidades para redactar una hoja de ruta común. Fuentes de Génova aseguran que ese documento cuenta ya con unas "líneas maestras", pero no anticipan cuándo verá la luz.

Desde la ejecutiva popular admiten el encaje de bolillos que implica aglutinar comunidades con idiosincrasias asimétricas. "Claro que cada uno apunta a sus necesidades. Ninguna va a sacar el 100%, tendrán el 85%", sostienen. Un razonamiento compartido por los Ejecutivos autonómicos consultados que, pese a no bajarse de sus peticiones, apelan a la necesidad de acercar posturas.

Al respecto del encuentro de barones del próximo 6 de septiembre, desde Génova no se contempla como una prioridad buscar un entendimiento en esa dirección. "Lo que se va a hacer es trabajar por un frente común contra lo que se ha acordado en Cataluña. Ese es el primer objetivo", explican otras altas fuentes de la ejecutiva del PP, que reconocen los "distintos problemas" de los territorios y los obstáculos para diseñar un marco que contente a todos.

Tanto Génova como los territorios pondrán como condición una negociación "multilateral". Un requisito que ya plantearon los presidentes de distinto color de Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura, Asturias, La Rioja y Cantabria, en la Declaración de Santiago de 2021.