Fiscalía Anticorrupción Frena Intento de la Audiencia de Sevilla de Elevar el Caso ERE al TJUE
En un giro inesperado dentro del prolongado caso de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en Andalucía, la Fiscalía Anticorrupción está **bloqueando los esfuerzos de la Audiencia de Sevilla** por llevar la pieza política del caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Esta decisión, anunciada el 2 de abril de 2025, se basa en la primacía que la Fiscalía otorga al criterio del Tribunal Constitucional (TC), que ya ha revisado y rebajado sustancialmente las condenas de varios ex altos cargos de la Junta de Andalucía acusados de malversación y prevaricación.
El Conflicto Jurídico en el Caso ERE
La raíz del conflicto reside en la interpretación del Derecho europeo y su aplicación al caso ERE. La Audiencia de Sevilla, compuesta por cinco jueces, considera que las sentencias del Tribunal Constitucional vulneraron el Derecho europeo al revisar las condenas originales. Según Javier Martín-Arroyo de El País, estos magistrados sostienen que la elevación al TJUE es necesaria para clarificar si las decisiones del TC se ajustan a la normativa europea (Ediciones EL PAÍS S.L., 2025).
Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción, actuando como parte en el proceso de ejecución de las sentencias, discrepa vehementemente. Argumenta que el principio de primacía del Derecho de la Unión no exime a los tribunales españoles de respetar el principio de legalidad penal. En un escrito presentado ante la Audiencia de Sevilla, la Fiscalía subraya que el Tribunal Constitucional actuó dentro de sus competencias al dictar sus sentencias, sin infringir las normas europeas.
«La primacía del Derecho de la Unión no dispensa a los órganos jurisdiccionales de la obligación de respetar el principio de legalidad penal», afirma la Fiscalía en su documento.
¿Por qué la Fiscalía se opone a la elevación al TJUE?
La Fiscalía sostiene que el Tribunal Constitucional no se extralimitó al anular parte de las sentencias originales, ya que no incurrió en una aplicación extensiva o analogía *in malam partem* de un tipo penal. En otras palabras, la Fiscalía cree que el TC no reinterpretó la ley de manera perjudicial para los acusados, sino que simplemente corrigió errores en la aplicación del Derecho.
Además, la Fiscalía argumenta que las dudas de la Audiencia de Sevilla pueden ser resueltas internamente por el propio Tribunal Constitucional, sin necesidad de recurrir al TJUE. Cita numerosas sentencias del TJUE para respaldar su posición, aclarando que, si bien los jueces de todos los países europeos deben tener en cuenta la primacía del Derecho de la Unión, esto no les exime de respetar las decisiones de tribunales superiores, como el Constitucional en España.
Implicaciones y Próximos Pasos
La decisión de la Fiscalía marca un punto de inflexión en este intrincado caso. El plazo para que las partes se posicionen (Anticorrupción, defensas, PP y Manos Limpias) ha finalizado, aunque un recurso del expresidente Griñán podría extenderlo. A continuación, la Audiencia de Sevilla deberá tomar una decisión sobre si persiste en su intención de elevar el caso al TJUE.
En paralelo, el Tribunal Constitucional podría anular las resoluciones de la Audiencia, reafirmando su primacía en la interpretación de la Constitución española. Según juristas consultados, la situación actual, en la que una Audiencia provincial corrige al tribunal de garantías, es inédita en la historia democrática de España.
Reacciones Políticas
La controversia no se limita al ámbito judicial. El portavoz del PP en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha calificado la situación de «escandaloso intento de amordazar a la justicia», sugiriendo que se está colaborando en «blanquear el mayor caso de corrupción de la historia». Estas declaraciones reflejan la polarización política que rodea el caso ERE, que ha sido objeto de intensos debates y acusaciones durante años, según informa Lourdes Lucio.
Conclusión
El choque entre la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia de Sevilla plantea interrogantes fundamentales sobre la relación entre el Derecho europeo y el Derecho nacional, así como sobre la independencia judicial y la división de poderes. La resolución de este conflicto tendrá importantes implicaciones no solo para el caso ERE, sino también para el futuro del sistema judicial español. La tensión se está elevando a medida que las partes se preparan para el próximo round de esta batalla legal.
