Tensión judicial en España: El PP critica a Conde-Pumpido por el caso ERE
La política española se encuentra inmersa en una creciente controversia judicial. El Partido Popular (PP) está arremetiendo contra Cándido Conde-Pumpido, el presidente del Tribunal Constitucional, acusándolo de «injerencia» y «maniobras» en el marco del caso de los ERE (Expedientes de Regulación de Empleo) en Andalucía. Esta confrontación surge a raíz de la decisión de la Audiencia de Sevilla de resistirse a ejecutar las sentencias del Tribunal Constitucional sobre este caso, anticipando un posible recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El PP alza la voz contra Conde-Pumpido
A pesar de su proclama de respeto a las decisiones judiciales, el PP está exceptuando a Conde-Pumpido de esta consideración. El partido lo señala como el principal responsable de una supuesta «injerencia» política en el caso ERE. Según Elsa García de Blas (El País, 2025), estas acusaciones se producen después de que los magistrados de la Audiencia de Sevilla manifestaran su desacuerdo con las sentencias del Tribunal Constitucional, preparando un recurso ante la justicia europea.
Elías Bendodo, vicesecretario del PP, declaró en Sevilla junto a Cuca Gamarra, secretaria general del partido: «Nos indignan las maniobras del Tribunal Constitucional después del correctivo de la Audiencia de Sevilla». Bendodo añadió una crítica directa a Conde-Pumpido, aludiendo a su afirmación sobre «mancharse la toga con el polvo del camino», sugiriendo que el presidente del Constitucional se ha excedido en sus acciones. Gamarra, por su parte, cuestionó los intentos de «injerencia» y describió a Sevilla como un «símbolo de la independencia judicial».
¿Qué está pasando entre la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Constitucional?
El enfrentamiento entre ambos tribunales ha escalado en los últimos días. La Audiencia de Sevilla considera que el Tribunal Constitucional pudo haber vulnerado el Derecho europeo al absolver al expresidente andaluz José Antonio Griñán del delito de malversación. Ante esta situación, preparan un recurso ante el TJUE. En respuesta, el Tribunal Constitucional solicitó la providencia donde se plantea esta circunstancia, generando una exigencia por parte de los jueces sevillanos de que el tribunal de garantías aclare el objeto de su petición.
El Tribunal Constitucional, según información de Ediciones EL PAÍS S.L. (2025), planea impedir este recurso, argumentando que contraviene los artículos 4 y 92 de su propia ley orgánica, que establece la primacía de sus resoluciones y prohíbe su revisión por tribunales ordinarios. Expertos constitucionalistas consultados por El País no vislumbran un futuro prometedor para la iniciativa de la Audiencia sevillana.
El PP intensifica las sospechas
Cuca Gamarra ha redoblado la apuesta, sembrando dudas sobre la actuación jurídica de Conde-Pumpido. «¿Por qué se ha puesto tan nervioso? ¿Qué teme de la legislación europea?», cuestionó, antes de instar a Conde-Pumpido a «abandonar la senda de injerencia».
No es la primera vez que el PP ataca al Tribunal Constitucional, de mayoría progresista. Anteriormente, Esteban González Pons, vicesecretario del partido, lo calificó como «el cáncer de la democracia», aunque luego se retractó. Según Elsa García de Blas (El País, 2025), este clima de tensión precede a la reunión interparlamentaria que el PP celebra este fin de semana en Sevilla.
Implicaciones y contexto
Este conflicto no solo pone de manifiesto las tensiones existentes entre los diferentes poderes del Estado, sino que también plantea interrogantes sobre la independencia judicial y la interpretación del Derecho europeo en España. La decisión final del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en caso de que el recurso prospere, podría tener consecuencias significativas para el futuro del caso ERE y para la relación entre los tribunales españoles y la justicia europea.
La situación se está desarrollando en un momento de alta polarización política, lo que añade más leña al fuego. Las acusaciones del PP y la defensa del Tribunal Constitucional por parte de otros sectores políticos y judiciales evidencian la complejidad del panorama jurídico y político español.
