La Fiscalía Europea investiga al Gobierno balear del PP por caducar una reclamación millonaria
La Fiscalía Europea ha abierto una investigación sobre la actuación del Gobierno de Baleares, presidido por el Partido Popular (PP), tras la denuncia presentada por el PSOE. El partido socialista acusa al Ejecutivo balear de dejar caducar un expediente de reclamación de 2,3 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión por suministrar mascarillas de inferior calidad durante la pandemia.
El origen del caso
El caso se remonta a los primeros meses de la pandemia, cuando el Gobierno balear adjudicó un contrato a Soluciones de Gestión para la compra de 1,4 millones de mascarillas por un importe de 3,7 millones de euros. La empresa había sido recomendada al Gobierno de las Islas Baleares por Koldo García, asesor principal del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos.
El material fue analizado por el laboratorio del Ministerio de Trabajo en Sevilla, que detectó que las cuatro muestras de mascarillas enviadas tenían una calidad inferior a la contratada (FPP2). Los responsables sanitarios del Gobierno balear decidieron no distribuir el material y almacenarlo durante los siguientes años.
El expediente de reclamación
En la primavera de 2023, el Gobierno balear inició un expediente de reclamación de 2,6 millones de euros a Soluciones de Gestión (la diferencia entre lo pagado por mascarillas FPP2 y el valor de las mascarillas quirúrgicas). El PP criticó la tardanza en reclamar y la adjudicación a dedo de un contrato a la trama Koldo.
El nuevo Ejecutivo balear del PP, presidido por Marga Prohens, continuó con el expediente para la reclamación del daño, pero este caducó en enero de 2024 sin que fuera resuelto.
La investigación de la Fiscalía Europea
La investigación de la Fiscalía Europea se centra en la posible existencia de delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias en la gestión del contrato de mascarillas. La Fiscalía sospecha que el Gobierno balear pudo haber maniobrado para beneficiar a Soluciones de Gestión y que el expediente de reclamación pudo haber caducado de forma intencionada.
El Gobierno de Baleares ha negado las acusaciones y ha atribuido la caducidad del expediente a un error burocrático. El director general de Salud, Javier Ureña, ha iniciado un procedimiento de nulidad del contrato al entender que se adjudicó sin que la empresa beneficiaria cumpliera las normas de solvencia y experiencia.
La Fiscalía Europea continuará con su investigación para determinar si hubo irregularidades en la gestión del contrato de mascarillas y si se deben presentar cargos contra los responsables.
