La UE bloquea por segunda vez la ley de derechos humanos para las grandes empresas
Los Estados miembros de la Unión Europea (UE) han bloqueado por segunda vez en menos de 20 días la ratificación de una ley europea que obligaría a las grandes empresas a garantizar el respeto de los derechos humanos y el medio ambiente en sus cadenas de suministro.
¿Por qué se bloquea la ley?
El bloqueo inicial a la directiva, cuyo texto provisional fue acordado a finales de año por la Eurocámara, el Consejo y la Comisión Europea, partió de Alemania. Berlín frenó por primera vez la propuesta debido a las presiones del partido liberal FDP, que forma parte de la coalición de gobierno de Olaf Scholz. Desde entonces, se han unido al bloqueo varios países clave como Italia y Francia, que con sus reparos al texto actual o incluso una amenaza de abstención impiden que la directiva logre la mayoría cualificada que requiere para ser ratificada.
¿Qué países se oponen a la ley?
- Alemania
- Francia
- Italia
¿Cuáles son los argumentos en contra de la ley?
Los países que se oponen a la ley argumentan incertidumbre legal, carga administrativa o miedo a una falta de igualdad de condiciones a nivel global.
¿Cuáles son las consecuencias del bloqueo?
El bloqueo de la ley pone en peligro su adopción durante este mandato, dejándola en un peligroso limbo legislativo. También pone en riesgo la "credibilidad" de la UE en materia de derechos humanos y sobre su fiabilidad negociadora, según advierten numerosas ONG, políticos, sindicatos y empresas que apoyan la normativa.
¿Qué dicen los defensores de la ley?
Los defensores de la ley argumentan que es necesaria para incentivar la responsabilidad de las empresas y que debería ser una referencia global en materia de derechos humanos.
Conclusión
El bloqueo de la ley de derechos humanos para las grandes empresas es un revés para la rendición de cuentas corporativa y la protección de los derechos humanos y del medio ambiente en todo el mundo. También es un golpe a la credibilidad de la UE como legislador. Se espera que el Parlamento Europeo espere a conocer en detalle qué es lo que quieren cambiar los Estados antes de pronunciarse, pero advierte del daño a la "credibilidad" que están provocando los Estados.
