La venta de la Torre Foster sigue bajo investigación seis años después
La investigación sobre la venta de la Torre Foster (también conocida como Torre Cepsa por ser la sede de la compañía) en 2016 continúa abierta. El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha acordado prorrogar las pesquisas otros seis meses, hasta finales de enero, con el objetivo de localizar a uno de los principales investigados en esta causa sobre un presunto blanqueo de capitales: Khadem Al Qubaisi, expresidente de la petrolera que da nombre al rascacielos.
La comisión rogatoria cursada hace años a Emiratos Árabes Unidos para encontrar al empresario y poder tomarle declaración sigue sin dar frutos. Sin embargo, para el magistrado instructor esta diligencia es necesaria para decidir el futuro del procedimiento en el que se analiza la legalidad de la plusvalía de casi 100 millones de euros que Al Qubaisi obtuvo con la venta del edificio a Pontegadea.
Una operación bajo sospecha
La Torre Cepsa perteneció hasta 2013 a Bankia, que se deshizo del rascacielos situado en la zona empresarial de Madrid, conocida como las Cuatro Torres, tras su nacionalización. La fórmula elegida fue un contrato de arrendamiento con opción a compra firmado con Muscari Property, la compañía neerlandesa que utilizó Al Qubaisi para la operación, que concluyó en 2016 por un total de 400 millones de euros.
Pero un día después, el empresario revendió el inmueble a Pontegadea, el vehículo inversor del dueño de Inditex, Amancio Ortega, incrementando su valor hasta los 490 millones de euros. La investigación se inició dos años después, a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción, que sospecha que detrás de la ganancia de 100 millones que obtuvo Al Qubaisi, quien también fuera director general de IPIC (fondo de inversión emiratí que controla Cepsa), hubo un blanqueo de capitales.
La búsqueda de Al Qubaisi
Durante todo este tiempo, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha ido prorrogando la causa en los plazos que marca la ley, argumentando que faltan comisiones rogatorias por cumplimentar. Así ha justificado también la última ampliación del tiempo de investigación acordada a finales de julio.
Anticorrupción ha instado a mantener la causa abierta, al considerar que aún faltan por recibir datos necesarios para esclarecer los hechos, según fuentes jurídicas consultadas. El ministerio público se refiere al interrogatorio de Al Qubaisi, que aún no ha podido realizarse porque se encuentra en paradero desconocido para las autoridades judiciales españolas; o a las declaraciones de testigos vinculados con Muscari Property y su matriz Muscari Investissement, con sede en Luxemburgo.
Para esto último, el juez pidió cooperación judicial a Francia y Luxemburgo, y algunas de las solicitudes de auxilio ya han sido atendidas. En febrero, dos ex altos cargos del banco de inversión Rothschild, donde Al Qubaisi tenía cuentas bancarias abiertas, comparecieron ante el magistrado, y en abril se tomó declaración a uno de los administradores de Muscari. No obstante, aún quedan pendientes otras declaraciones previstas.
Colaboración internacional
El juez de la Audiencia Nacional también espera el resultado de la comisión rogatoria cursada a Singapur para que remita información bancaria sobre Al Qubaisi. Por otro lado, Anticorrupción ha solicitado la prórroga de la causa para poder analizar nueva documentación recibida de Luxemburgo y ver si esta información aporta indicios que hagan necesario recabar más pruebas, según las fuentes consultadas.
Todos estos datos se incorporarán al sumario de la causa, en el que también consta la respuesta de Malasia, cuyas autoridades fueron requeridas por el juez para que informaran sobre la implicación de Al Qubaisi en el desfalco del fondo soberano malasio 1Malaysia Development Berhad (1MDB), por el que estuvo detenido. Kuala Lumpur comunicó que el empresario emiratí no está siendo investigado ni ha sido condenado por estos hechos.
Su presunta vinculación con este escándalo financiero es uno de los puntos clave de la causa abierta por la venta del rascacielos diseñado por el arquitecto Norman Foster. El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) sancionó en 2020 con 8,2 millones de euros a Bankinter por incumplir la normativa de prevención de blanqueo de capitales, al prestar 400 millones de euros a Muscari para comprar la torre a Bankia, a pesar de que el expresidente de Cepsa tenía los fondos bloqueados en su país por el fraude millonario a 1MDB. Esta multa está recurrida ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que se encuentra paralizada hasta que se conozca el desenlace de la causa penal.
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