El modelo vasco: prohibido especular con la vivienda pública
La política de vivienda en el País Vasco dio un giro completo en 2015, cuando el Parlamento autonómico instituyó el derecho subjetivo de acceso a la vivienda y se articularon medidas públicas para intentar convertir esta en un bien social y no en un producto mercantil.
Euskadi gestiona la competencia de vivienda desde 1981 y en estas más de cuatro décadas han sido construidos 119.000 pisos de protección oficial (VPO), de los cuales una tercera parte han sido promovidos directamente por el Gobierno vasco. Pero desde 2003 hay un elemento distintivo: todas las viviendas VPO de nueva construcción mantienen esa calificación a perpetuidad; es decir, no pueden convertirse en ningún momento en casas de precio libre.
Medidas innovadoras
Entre las “medidas innovadoras” puestas en práctica por el Gobierno vasco en los últimos diez años, en colaboración con otras instituciones concernidas, están los alquileres sociales, las ayudas económicas para el pago de la renta, la captación de pisos vacíos, las bonificaciones fiscales, la rehabilitación de edificios, la atención preferente a la emancipación de los jóvenes o los acuerdos con los ayuntamientos para segregar grandes residencias y convertir locales en viviendas.
Objetivo: duplicar la vivienda protegida
En 2022 se alcanzó en el País Vasco el denominado “pacto social por la vivienda”, en el que están implicados cerca de 90 agentes sociales (Gobierno, diputaciones, ayuntamientos, organizaciones sociales, promotores, entidades financieras…). A finales de este año se prevé crear, vía decreto, un foro permanente donde estarán representados todos ellos y que se encargará de lograr los objetivos fijados para los próximos 12 años: duplicar las viviendas en alquiler asequible hasta llegar a 50.000, aumentar en un 50% las viviendas protegidas —pasando de las 75.000 actuales a 116.000— y duplicar el ritmo de rehabilitación de edificios para llegar a las 350.000 casas reformadas en 2035.
Prioridad: acceso de los jóvenes a la vivienda
El acceso de los menores de 36 años a la vivienda se ha convertido en una prioridad gubernativa. En 2019 se creó el programa Gaztelagun, destinado a favorecer la emancipación juvenil mediante ayudas directas para el pago de los alquileres. Hoy, 7.660 personas con rentas bajas y medias-bajas reciben esta ayuda de hasta 300 euros mensuales, que se mantiene hasta que cumplen los 36 años. En total, 11.065 han disfrutado en algún momento de ella.
En febrero de este año se lanzó, además, el programa Emanzipa para el sector de jóvenes de entre 25 y 29 años, que ya tiene 6.000 beneficiarios que reciben también un máximo de 300 euros al mes para pagar el alquiler o el préstamo por la compra de una vivienda.
Rehabilitación de edificios
Otra línea de actuación va dirigida a la rehabilitación de edificios, que en 2023 supuso un coste de 36 millones y este ejercicio llegará a los 44 millones. “Tenemos el parque más antiguo de edificios de Europa del sur, con cerca del 50% de nuestro parque residencial (90.000 edificios) construido antes de 1961″, hace constar Itxaso.
Declaración de zonas tensionadas
El Gobierno vasco está animando a los ayuntamientos con problemas de saturación residencial (aquellos en los que hay poca oferta de vivienda y los precios están disparados) a que soliciten su declaración como zonas tensionadas, lo que, en aplicación de la ley estatal de vivienda, permitirá poner tope a los precios del alquiler privado.
Errenteria es la primera que va a recibir esta calificación en Euskadi. Ya lo han solicitado Zumaia y Galdakao, y se espera que próximamente lo hagan Irun, Lasarte-Oria y San Sebastián. Hay 43 municipios vascos (que acogen al 68% de la población, en torno a 1,5 millones de personas) que cumplen los requisitos para ser declarados zonas tensionadas.
