Las listas de espera disparan el negocio de los hospitales privados madrileños

Los cinco hospitales públicos de gestión privada de la Comunidad de Madrid absorbieron 226.000 citas de pacientes adscritos a otros centros en 2023, según el balance del servicio madrileño de salud publicado este mes. Estas cifras demuestran que la presencia de la sanidad privada, alentada por las largas listas de espera de la sanidad pública, se ha traducido en un negocio redondo para las empresas gestoras de estos hospitales.

El sistema de libre elección, ideado por la presidenta Esperanza Aguirre, premia la atención a ciudadanos que tienen como centro de referencia otro hospital. Esto ha permitido, por ejemplo, que la Fundación Jiménez Díaz, del grupo Quirón, cobre al menos 263 millones de euros entre 2015 y 2021. Sin embargo, la oposición denuncia que este esquema de premio y castigo está erosionando la sanidad pública.

Los siete principales hospitales públicos de la Comunidad de Madrid perdieron 165.000 citas el año pasado. "Esta es la trampa de la libre elección, que de libre nada: todo está hecho para que los pacientes, y en consecuencia el dinero, se vayan a Quirón", lamenta Marta Carmona, diputada de Más Madrid.

Una jugada maestra de Quirón

Según Carmona, Quirón ha hecho una jugada maestra al constituirse como una red paralela, derivándose pacientes entre sus centros y facturándolo una y otra vez. "Hacen el agosto a costa de captar, y recircular, a pacientes jóvenes y/o con procesos sencillos: los pluripatológicos y complejos no los quieren, claro".

Desde principios del siglo XXI, la Jiménez Díaz es el hospital de referencia de medio millón de madrileños. Al igual que este centro, cobran por recibir pacientes adscritos a otros hospitales, generalmente públicos, otros cuatro centros de gestión privada (Villalba, Torrejón, Valdemoro y Móstoles) y un público de otra Administración (el Gómez Ulla, dependiente del Ministerio de Defensa, que ingresó 24 millones entre 2015 y 2021 por ese concepto).

De esta manera, el sistema de libre elección de médico, especialista y hospital, instaurado por el PP en 2010, ha engordado el negocio de los hospitales de gestión privada. Y el gobierno actual ha jugado un papel activo en ello.

Como adelantó EL PAÍS, el ejecutivo presidido por Isabel Díaz Ayuso apostó en 2023 por ofrecer el traslado de pacientes de los hospitales públicos puros a los públicos de gestión privada para aliviar la lista de espera quirúrgica y presentarse a las urnas rebajando la demora media de 62 días. El proyecto, confirmado por tres fuentes, es un negocio redondo para los centros receptores, que están principalmente en manos de empresas con ánimo de lucro y cobran un extra por cada paciente atendido que no es de su población adscrita.

"[El trasvase de pacientes] Es por las listas de espera y por un sistema pensado para favorecer a los hospitales públicos de gestión privada", argumenta el profesor emérito del departamento de Salud Internacional de la Escuela Nacional de Sanidad, exdiputado autonómico del PSOE y exconsejero de Sanidad del País Vasco, José Manuel Freire.

Freire destaca que es preocupante la baja productividad de los hospitales públicos: "Los de gestión privada funcionan todas las tardes, y la utilización de quirófanos es pobrísima en comparación, porque los privados los tienen echando humo, casi no descansan".

Como consecuencia de esta situación, en 2023 miles de pacientes dejaron de tratarse en sus hospitales públicos de referencia —los siete más grandes perdieron 165.000 primeras consultas— y se pasaron a los de gestión privada —que sumaron 226.000 citas, el 60% de las de ese tipo en el sistema, para una ganancia neta de 203.000—.

La Paz vio cómo casi 49.000 citas de sus pacientes se iban a otros centros; por las casi 32.000 del Ramón y Cajal; o las casi 25.000, respectivamente, del Severo Ochoa y el 12 de Octubre. En sentido contrario, los cinco hospitales públicos de gestión privada lideraron la tabla de citas de pacientes recibidas desde otras instituciones: 84.000 para la Jiménez Díaz; 64.000 para la Rey Juan Carlos; los 33.000 de Villalba; los 24.000 de Torrejón; y los 20.000 de Valdemoro.

Ese balance fotografía un robusto incremento en las citas entrantes en los centros de Quirón (Jiménez Díaz, Valdemoro, Villalba y Móstoles) y Ribera Salud (Torrejón) entre 2022 y 2023. Un dato que previsiblemente aumentará cuando se conozcan las estadísticas de 2024.

¿La razón? Que las listas de espera de la sanidad madrileña registraron en junio un dato desalentador: 1.004.461 personas se repartían entre la lista de espera quirúrgica (88.502), la de primera consulta (726.304) y la de pruebas diagnósticas o terapéuticas (189.655), según los datos publicados por la propia Comunidad de Madrid. En la historia, solo ha habido un momento peor: mayo de este año, cuando 1.017.218 pacientes aguardaban a ser atendidos.