Los vecinos tendrán la última palabra sobre los pisos turísticos

Los vecinos decidirán sobre los pisos turísticos

El Gobierno quiere frenar la proliferación de apartamentos turísticos en España y, para ello, plantea que sean los vecinos quienes den el visto bueno a cada uno de ellos. Esta es una de las ideas que incluye una enmienda que el grupo socialista presentará en el Congreso.

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Refuerzo del papel de las comunidades de propietarios

El texto modifica la Ley de Propiedad Horizontal para reforzar el papel de las comunidades de vecinos en este asunto. Así, en el caso de los nuevos pisos que se vayan a dedicar a uso turístico, se exigirá un permiso expreso. Si no se cuenta con él, el presidente de la comunidad, a iniciativa propia o de cualquiera de los vecinos, podrá pedir el cese de la actividad.

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Requisitos para obtener el permiso

Para obtener el permiso, los nuevos apartamentos turísticos deberán cumplir los mismos requisitos que se aplican a las actividades consideradas nocivas o insalubres. Además, el presidente de la comunidad podrá requerir su cese a iniciativa propia o a petición de cualquier propietario u ocupante.

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Efectos no deseados del incremento de viviendas de uso turístico

El texto legal justifica la iniciativa señalando que el incremento de viviendas de uso turístico ha provocado varios efectos no deseados, como problemas de convivencia y molestias, reducción de la vivienda para el alquiler residencial, aumento de los precios de los arrendamientos y gentrificación de barrios.

Colaboración con otras administraciones

La enmienda destaca que el Estado busca contribuir a las medidas que están adoptando otras administraciones locales y autonómicas para abordar el asunto de los apartamentos turísticos. En este sentido, el Gobierno se ha reunido con comunidades autónomas y ayuntamientos para abordar este tema.

Competencias de comunidades autónomas y ayuntamientos

El cambio que se lleva ahora al Congreso es uno de los primeros pasos en un asunto en el que la mayor capacidad de acción corresponde a las comunidades autónomas, que tienen transferidas las competencias en materia de turismo. Los ayuntamientos también pueden intervenir a través de ordenanzas y normativa urbanística.