Panamá vive una ola de protestas y huelgas debido a la aprobación exprés de un contrato entre el Estado y la empresa Minera Panamá para la explotación de la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica. Esta decisión ha generado un descontento generalizado en la población debido al manejo poco transparente de los contratos mineros y la falta de representatividad en la política. Las manifestaciones, que han paralizado el país, exigen la suspensión de las labores de la empresa hasta que se conozca el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la inconstitucionalidad del contrato.
El presidente Laurentino Cortizo ha intentado calmar las protestas anunciando una consulta popular para aprobar o derogar la Ley 406, que autoriza la concesión de la mina a la filial de la empresa canadiense First Quantum Minerals. Sin embargo, esta propuesta no ha sido bien recibida por los ciudadanos, y el Tribunal Electoral de Panamá ha indicado que no hay condiciones para organizar la consulta popular.
La controversia sobre el contrato minero se debe a los impactos ambientales, sociales y económicos que supone la explotación de la mina. La actividad extractiva pone en riesgo la cobertura vegetal, la calidad del agua y del aire, así como la biodiversidad del país. Además, existe preocupación por la soberanía del territorio y los privilegios concedidos a la empresa minera. Los panameños reclaman un modelo de desarrollo económico sostenible basado en actividades como el turismo ecológico y la exportación de productos locales.
