El gobierno británico valora la semana laboral de cuatro días
El gobierno laborista británico estudia la posibilidad de que los trabajadores del Reino Unido soliciten a sus empleadores una jornada laboral semanal comprimida en cuatro días. La iniciativa, adelantada por el diario Daily Telegraph, no contempla, sin embargo, reducir por ley las horas trabajadas, que seguirían siendo 40.
Flexibilidad para aumentar la productividad
La medida, que busca aumentar la flexibilidad laboral y mejorar la productividad, permitiría a los empleados trabajar 10 horas diarias durante cuatro días. Según la secretaria de Estado de Empleo, Jacqui Smith, esta fórmula permitiría a los trabajadores ahorrar en gastos de guardería y disponer de más tiempo para su familia.
No aplicable a todos los sectores
Smith reconoció que la semana laboral de cuatro días no sería aplicable a todos los sectores, como la enseñanza, donde los horarios deben ajustarse al calendario escolar. Además, recalcó que la iniciativa no se impondría a las empresas, sino que se consultaría con los empresarios.
Experiencias previas en otros países
La semana laboral de cuatro días es un concepto que se está debatiendo en varios países occidentales. En el Reino Unido, se puso en marcha un programa piloto en el que participaron más de 50 empresas. De ellas, 58 decidieron prorrogar la experiencia y 18 la adoptaron de forma permanente. Los resultados mostraron una reducción de las horas trabajadas, un aumento del bienestar de los empleados y una mejora de la productividad.
Beneficios para los trabajadores
Experimentos similares en Islandia, Portugal y Bélgica también han demostrado beneficios para los trabajadores. En Portugal, un proyecto piloto reveló que la semana laboral reducida mejoró la salud mental de los empleados. En España, el Ministerio de Industria lanzó un proyecto para subvencionar a empresas que recortaran la jornada a cuatro días, pero la iniciativa acumula retrasos.
La propuesta del gobierno laborista británico forma parte de un conjunto de medidas para mejorar los derechos de los trabajadores, que incluyen el fin de los contratos por obra fraudulentos, el derecho a la desconexión digital y una mayor protección frente a los despidos improcedentes.
