Investigación en curso: Solicitud de datos telefónicos de altos cargos de la Generalitat Valenciana tras la DANA de octubre de 2024
En el marco de la investigación sobre la devastadora DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que azotó la Comunidad Valenciana el pasado octubre de 2024, causando la lamentable pérdida de 228 vidas, la acusación popular ejercida por Acció Cultural está intensificando sus esfuerzos para esclarecer los acontecimientos que precedieron y siguieron a la tragedia. Según informa Joaquín Gil (2025) en El País, la acusación ha solicitado formalmente a la jueza Nuria Ruiz Tobarra, instructora del caso en Catarroja, el acceso a los registros telefónicos de altos cargos de la Generalitat Valenciana, buscando determinar si hubo negligencia o falta de coordinación en la gestión de la emergencia.
¿Qué se busca con la solicitud de datos telefónicos?
La petición de Acció Cultural se centra en obtener los datos de llamadas (CDR) de los móviles de la Generalitat, incluyendo información detallada como el número de origen y destino, duración, importe, hora y fecha de las comunicaciones. Específicamente, la acusación está interesada en los registros de los días comprendidos entre el 24 y el 30 de octubre de 2024, cruciales para comprender la respuesta inicial y la coordinación de los recursos durante la crisis. El objetivo principal es analizar el «trasiego de llamadas», como lo denomina El País, entre los responsables políticos y técnicos para identificar posibles fallos en la comunicación y toma de decisiones.
Implicaciones legales y posibles obstáculos
La investigación se enfrenta a desafíos legales significativos. Como señala Gil (2025), algunos altos cargos, incluido el President de la Generalitat, Carlos Mazón, gozan de aforamiento, lo que significa que no pueden ser investigados por una jueza de instrucción sin la previa autorización del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). Este procedimiento requeriría una exposición razonada por parte de la jueza instructora, lo que podría complicar y dilatar el proceso. No obstante, la imputación de la exconsejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y su segundo al frente de Emergencias, Emili Argüeso, por presuntos delitos de homicidios y lesiones imprudentes, abre una vía para acceder a sus registros telefónicos, al no gozar de aforamiento.
La versión de Carlos Mazón y las incógnitas pendientes
Tras meses de resistencia a facilitar el registro de llamadas, Mazón reveló haber realizado 16 llamadas entre las 17:37 y las 19:43 del 29 de octubre, incluyendo cinco a Pradas y tres al presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó. Sin embargo, las llamadas de Pradas y Argüeso siguen siendo un enigma, y su esclarecimiento se considera clave para la investigación. Según El País, otra gran incógnita es qué hizo Mazón entre las 14:30 y las 20:28 del mismo día, lapso durante el cual solo se conoce su almuerzo con una periodista en Valencia.
El impacto del mensaje de alerta tardío
El mensaje de alerta enviado a la población 17 minutos antes de que Mazón llegara al Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrada), cuando ya había un alto número de víctimas, se ha convertido en un punto central de la investigación. La tardanza en la emisión de la alerta, en opinión de muchos, agrava la responsabilidad de los investigados y exige una explicación exhaustiva sobre el proceso de toma de decisiones durante la emergencia.
Próximos pasos en la investigación
Pradas y Argüeso están citados a declarar ante la jueza el próximo 11 de abril, donde deberán responder a las preguntas sobre su gestión de la emergencia y las comunicaciones mantenidas durante los días críticos. La solicitud de acceso a los registros telefónicos por parte de Acció Cultural podría aportar pruebas determinantes para esclarecer las responsabilidades en la tragedia. La investigación continúa su curso, y la sociedad valenciana espera respuestas claras y contundentes sobre lo ocurrido en octubre de 2024.
Análisis de la situación actual
En la actualidad, la jueza está evaluando la solicitud de Acció Cultural, considerando tanto la viabilidad legal como la relevancia de la información solicitada. La decisión que tome la jueza Ruiz Tobarra podría marcar un antes y un después en la investigación, abriendo nuevas líneas de indagación o, por el contrario, limitando el alcance de la misma. Los próximos días serán cruciales para determinar el rumbo que tomará la investigación y si se logrará esclarecer completamente lo sucedido durante la DANA.
El caso de la DANA sigue generando un profundo debate en la sociedad valenciana, donde aún se están evaluando las consecuencias de la catástrofe y se exige una mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades. La investigación en curso representa una oportunidad para aprender de los errores del pasado y mejorar la gestión de futuras emergencias, con el objetivo de proteger la vida y la seguridad de los ciudadanos.
