La Audiencia Nacional condena a 18 años de cárcel a Pompeyo González por enviar cartas con explosivos
La Audiencia Nacional ha condenado a 18 años de cárcel a Pompeyo González, un jubilado de 75 años de Miranda de Ebro (Burgos), por enviar seis cartas con material pirotécnico en 2022 a, entre otros, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y las embajadas de Ucrania y EE. UU. en Madrid.
El acusado niega los hechos y alega que alguien manipuló su basura
El tribunal lo considera culpable de delitos de terrorismo y de fabricación de aparatos explosivos, inflamables o incendiarios: “[Actuó] con el propósito de causar una gran conmoción en la sociedad española, para que ejerciese presión para que los gobiernos de España y de los Estados Unidos (y otras entidades radicadas en territorio español) dejasen de prestar apoyo a Ucrania en la guerra sostenida por este Estado contra Rusia”, subraya la resolución judicial.
Durante el juicio, celebrado el pasado mayo, la Policía describió el reguero de indicios que incrimina a González. Entre otras pruebas, los agentes encontraron su ADN en los paquetes enviados. Sin embargo, él insistió en su inocencia y defendió que no fabricó los artefactos; sino que alguien debió rebuscar en su basura, recoger los sobres y otros restos usados para confeccionar los dispositivos pirotécnicos enviados.
Los jueces no creen su versión y destacan su afinidad con Rusia
Pero los jueces no le creen y, en su sentencia, exponen que las explicaciones del jubilado son “escasamente consistentes” y “quedan desvirtuadas por el acervo probatorio”.
El fallo también destaca la “afinidad” del acusado con las “posiciones de Rusia” y “su oposición a la ayuda” de España a Ucrania en la guerra.
“Su voluntad de conmocionar a la sociedad española y de alterar la paz pública se infiere del número de artefactos explosivos, del corto espacio temporal de pocos días en que fueron enviados y de la condición de los destinatarios. La decisión de remitir los artefactos conlleva, por lo tanto, [el objetivo] de provocar alteraciones y de utilizarlas como medio para conseguir el cese de la ayuda a Ucrania pretendido”, aseguran los magistrados.
