Clavijo exige 165 millones de euros al Gobierno y condiciona su apoyo parlamentario a resolver la crisis con los menores en Canarias
Las negociaciones para resolver la crisis de acogida de los menores migrantes en Canarias han vuelto al punto de partida de hace dos meses, después de que el Partido Popular (PP) votara en contra de la reforma de la ley de extranjería en el Congreso el pasado 23 de julio. El PSOE y el PP, que cogobiernan en las islas, volverán a sentarse para negociar, mientras que el presidente canario, Fernando Clavijo, presiona con hacer valer sus votos en el Congreso.
Clavijo ha exigido al Gobierno central una fecha para retomar las conversaciones con el PP y un fondo de 165 millones de euros, el equivalente a lo gastado en la acogida de menores migrantes en lo que va de año. La reunión con el PP se producirá, probablemente, la próxima semana. Pero el dinero se ha quedado en el aire tras otro desencuentro político al margen de los niños migrantes: la negativa de Coalición Canaria a prorrogar la comisión mascarillas, en la que el PSOE intenta contrarrestar los ataques por la investigación a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, fiscalizando los contratos millonarios de la Xunta de Galicia a la empresa Eulen, en la que la hermana de Alberto Núñez Feijóo es delegada territorial.
La reunión a tres con el PP depende ahora de la agenda de Clavijo
Aunque el clima, cargado de desconfianza, no es el más amigable. Tras el fracaso parlamentario de la iniciativa que en su momento lideraron Coalición Canaria y el Gobierno central, las culpas se han repartido entre unos y otros. En Madrid reprochan que el presidente canario no lograse ni siquiera la abstención de los populares, con los que comparte gobierno, y que estos impongan cada vez nuevas condiciones. Pero Canarias recrimina al Gobierno que no negoció lo suficiente, a pesar de que había peticiones razonables y que habría que haberse sentado más veces con los de Alberto Núñez Feijóo.
“Hemos tenido dos semanas de una tremenda confrontación”, reconoció el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, tras presidir la Conferencia Interministerial de Inmigración.
“Pero todo lo que hemos visto en estas semanas y estos desencuentros no se hubiesen producido nunca si el 23 de julio el Partido Popular hubiese votado a favor de admitir a trámite la modificación del artículo 35 [de la ley de extranjería]”, añadió.
Las condiciones del PP convierten una propuesta diseñada para territorios sometidos a constante tensión migratoria en un plan para todos, en el que se presupone, que el Estado, en determinadas circunstancias, asumirá una responsabilidad sobre los menores migrantes que le corresponde a las comunidades autónomas.
En paralelo, se mantienen las discrepancias jurídicas sobre la atención que debe darse a los menores cuando desembarcan en las islas. El Consejo de Ministros aprobó este martes dar los primeros pasos para elevar al Tribunal Constitucional el nuevo protocolo de actuación con el que el Gobierno canario condiciona la entrada de los menores en sus centros, hasta que la Policía cumpla con una serie de trámites. El Gobierno tiene claro que es inconstitucional porque delega en el Estado responsabilidades que son competencia de la comunidad, pero aún hay margen de negociación.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este martes, que antes de formalizar el conflicto de competencias en el Constitucional, han dado a Canarias una semana de plazo “para estudiar las discrepancias planteadas”.
La Fiscalía ha considerado este protocolo discriminatorio y ha advertido de que si la atención al menor no es inmediata puede incurrirse en un delito de abandono, pero Clavijo sigue defendiendo que se trata de poner orden. En una rueda de prensa este martes, el presidente canario ha mostrado una reseña policial manuscrita, usada para hacer entrega a los menores en los centros de acogida, en la que casi todos los niños tienen la misma fecha de nacimiento y en la que no hay ninguna foto que permita identificarlos. “Tienen que entender que nosotros no podemos recibir los menores con escritos de puño y letra ¿y si les pasa algo”, remarcó.
Mientras se resuelve la negociación económica, Clavijo espera este miércoles la visita del vicepresidente de la Comisión para la protección del estilo de vida europeo, Margaritis Schinas, que visita las islas en el fin de su mandato. “La visita brinda la oportunidad de debatir cómo la Unión Europea puede seguir apoyando a las Islas Canarias y a España a la hora de gestionar el aumento de las llegadas irregulares, tanto en términos financieros y operativos, como fomentando un diálogo más sólido con los principales países socios”, ha anunciado la Comisión. Es previsible que Schinas no llegue a Canarias con las manos vacías.
