Los albergues de Barcelona se desbordan por la falta de pensiones
El sistema de alojamientos de emergencia en Barcelona está al límite por la falta de pensiones y albergues, lo que obliga al Centro de Urgencias y Emergencias Sociales (CUESB) a alojar a personas en sus propias instalaciones.
Los trabajadores del CUESB denuncian que el sistema lleva meses con problemas, pero que cada vez que hay una emergencia que afecta a mucha gente, la situación se agrava.
En los últimos meses, la disponibilidad de pensiones y albergues ha disminuido, lo que ha llevado al CUESB a alojar a personas en sus propias instalaciones, en la calle de Llacuna (Poblenou).
A esta presión se suman los convenios con 24 ayuntamientos del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) que también utilizan el CUESB cuando se produce un incidente sobrevenido.
Los usuarios de los alojamientos de emergencia pueden ser personas que se han quedado en la calle, con adicciones, familias que se han quedado sin luz, desahuciadas o víctimas de violencia de género.
El Ayuntamiento de Barcelona gasta 60.000 euros al día en alojamientos de emergencia, y actualmente hay 2.940 personas alojadas en pensiones.
El CUESB también afronta las urgencias que afectan a muchas personas o familias, como las del reciente desalojo de un edificio en Esplugues de Llobregat.
El personal del CUESB asegura que se ha reforzado con ocho profesionales, pero que la situación sigue siendo tensa.
La noche del lunes, las personas que había en el CUESB y las 10 familias que hubo que alojar procedentes de Esplugues de Llobregat fueron alojadas “excepcionalmente” en otras dependencias del CUESB en la misma manzana del barrio del Poblenou.
“El gran problema es que vamos parcheando”, lamenta una empleada. “Hace muchos meses que no duerme nadie en el piso de arriba”.
Los trabajadores consultados aseguran que cuando preguntan al Ayuntamiento, los responsables municipales les derivan a Progess, la empresa que gestiona el servicio. Y viceversa, cuando se alerta a la subcontrata, apunta que el responsable del servicio es el consistorio.
El Ayuntamiento apunta que el nuevo pliego de contratación, que entra en vigor el 1 de abril, de nuevo con Progess, contempla un incremento de 2,3 millones anuales respecto al anterior contrato.