La Audiencia Nacional ha desestimado uno de los ataques del PP contra la Fiscalía y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La formación conservadora acusó al fiscal general de "complicidad" y "colaboración" con ETA después de que el ministerio público defendiera la prescripción del asesinato de Miguel Ángel Blanco para varios exjefes de la banda terrorista.
La Audiencia avala la prescripción del delito imputado a la exjefa etarra Anboto
El tribunal ha declarado prescritos los delitos imputados a la exjefa etarra María Soledad Iparraguirre, alias Anboto, por la muerte de Miguel Ángel Blanco, el concejal popular de Ermua (Bizkaia) secuestrado y asesinado por la banda en 1997. Esta decisión llega después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia haya utilizado este caso para arremeter contra la Fiscalía y su máximo representante debido al criterio técnico que mantenían.
El PP acusa a la Fiscalía de "alinearse" con ETA
El PP ha acusado a Ortiz de "complicidad" y "colaboración" con ETA. Tras conocerse la decisión de la Audiencia Nacional sobre Anboto, que marca el camino a seguir respecto a otros dos exdirigentes de la banda terrorista sobre los que penden las mismas acusaciones, el PP ha mantenido un perfil discreto sobre este tema.
Sin embargo, Daniel Portero, diputado popular en la Asamblea de Madrid y presidente de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia, ha sido uno de los pocos que se ha pronunciado al respecto: "Contentos estarán los fiscales que hacen el trabajo sucio del Gobierno defendiendo a los jefes de ETA. ¡Asco!", ha tuiteado.
La Fiscalía, objetivo del PP
La derecha ha convertido a la Fiscalía General del Estado en un objetivo más de su política de oposición. Ortiz ha recibido furibundos ataques del PP (algunos basados en bulos), que comenzaron antes incluso de asumir el cargo.
El diputado popular Luis Santamaría acusó a Ortiz de mantener una "actitud de complicidad o colaboración" con ETA y de "no querer que sean juzgadas las personas que fueron los autores intelectuales del asesinato de Miguel Ángel Blanco" para sostener la mayoría de Gobierno del PSOE.
Medios conservadores acusaron a García Ortiz de ordenar defender la prescripción del atentado de Blanco por motivaciones políticas. "[Este es] el peaje de Bildu al nuevo fiscal general del Estado", tituló la web El Debate.
El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, negó que se hubieran recibido "directrices políticas". De hecho, antes de que la Fiscalía General del Estado se pronunciara sobre el tema, el propio Alonso ya había defendido la prescripción.
Pese a ello, durante más de dos años, el PP ha acusado al fiscal general de "alinearse" con el grupo armado. María del Mar Blanco, hermana de Miguel Ángel Blanco y actual senadora popular, ha insistido en que el Gobierno "maneja los hilos de la Fiscalía para obstruir el derecho a la justicia de todas las víctimas".
Hace menos de tres meses, el PP volvió a cargar contra Ortiz y aseguró que debía dimitir porque, "bajo su mandato, la Fiscalía se ha alineado, en contra de la Audiencia Nacional, con las defensas de los etarras procesados en el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco".
La Audiencia da la razón a la Fiscalía
Sin embargo, la Audiencia Nacional ha dado la razón al ministerio público. A través de una resolución de más de 50 páginas, la Sala de lo Penal afirma que no queda otra que archivar la causa contra Anboto, que fue procesada en abril por el crimen de 1997.
Los magistrados explican que el sumario se dirigió contra ella cuando habían trascurrido casi 25 años del atentado contra Blanco, cuando el plazo de prescripción era de 20.
Los jueces han respaldado así al ministerio público, representado por el fiscal Carlos García Berro, y rechazan la tesis de las acusaciones populares (entre ellas, el PP y Dignidad y Justicia), que querían que se aplicara una ley que entró en vigor en 2010 y que declaró imprescriptibles los delitos de terrorismo con resultado de muerte.
"No encontramos resoluciones actuales [en nuestro ordenamiento jurídico y en nuestra jurisprudencia] que proclamen la vigencia de la tesis de retroactividad de normativa penal que se proclama", reza el dictamen de la Audiencia Nacional.
