La Guardia Civil investiga a cuatro empleados de un centro de menores de Lanzarote por presunta coacción
La Guardia Civil ha abierto una investigación a cinco trabajadores de un centro de acogida a menores migrantes no acompañados de la isla canaria de Lanzarote por presuntamente coaccionar y amenazar a cinco de los menores para que cometieran diferentes hechos delictivos.
El instituto armado, en una nota publicada este jueves, sostiene que el objetivo de los investigados era desestabilizar la organización diaria del centro, supuestamente por un conflicto interno que tenían con la empresa gestora.
Los agentes tuvieron conocimiento de los hechos a raíz de una denuncia interpuesta en el Puesto Principal de la Guardia Civil en San Bartolomé. En ella, un interno del centro de menores no acompañados de La Santa aseguraba estar siendo coaccionado por cuatro auxiliares educativos.
Según la Guardia Civil, "todo ello con el objeto de desestabilizar la convivencia y sabotear la labor de la nueva dirección".
La investigación de la Guardia Civil apunta a que los investigados, de entre 30 y 44 años, amenazaban a los menores diciéndoles que, si no realizaban los actos delictivos, les limitarían arbitrariamente las salidas a la calle, las actividades de ocio y el cobro de la paga semanal.
Además, presuntamente, les hacían creer que podían retrasar la tramitación de su documentación de residencia legal en España si no atendían a sus exigencias.
El centro de acogida de La Santa está gestionado por la Fundación Siglo XXI, una organización a la que la Fiscalía Anticorrupción acusa de desviar fondos públicos.
En su escrito, el ministerio público sostiene que los directivos de la fundación gastaron parte de los 12,5 millones que esta recibió del Estado para pagar noches en hoteles de cuatro estrellas, pastillas para la disfunción eréctil y cuidados faciales de más de 1.500 euros.
La Fundación Siglo XXI ha sido noticia por varios casos más: en noviembre pasado, doce menores migrantes denunciaron malos tratos y tocamientos en otro dispositivo de esta organización en Gran Canaria.
Esta misma fundación era responsable del dispositivo de acogida en los apartamentos Puerto Bello, en Puerto Rico (sureste de Gran Canaria). Sus internos denunciaron tratos vejatorios en las instalaciones, un lugar que "ni reunía unas condiciones óptimas para residir, ni el personal educativo se encuentra cualificado ni preparado para atender a los menores", según la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción.
Ese dispositivo se cerró en junio de 2021. Un año después, la Fiscalía se querelló contra sus responsables por abandono de familia, omisión del deber de perseguir delitos y lesiones leves.
