La Justicia obliga al Gobierno a garantizar las políticas contra la violencia de género
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal 1 ordenó al Gobierno garantizar el funcionamiento de las políticas contra la violencia de género, como el programa Acompañar y la línea 144. Esta decisión se tomó tras una medida cautelar solicitada por organizaciones feministas.
Detalles del fallo
El fallo del juez Enrique Alonso Regueira sostiene que el Ministerio de Justicia a cargo de Mariano Cuneo Libarona no pudo demostrar cómo garantizará los derechos consagrados en la Ley 26485 para erradicar la violencia hacia las mujeres. "Tampoco ha detallado, ni siquiera mencionado, la forma en la que se está cumpliendo con las prestaciones referidas", señala el magistrado.
Tras esta decisión, el juez ordena al Estado no despedir a los trabajadores que se desempeñaban en la exSubsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género ni a quienes lo hacen en los Centros de Acceso a la Justicia, aunque ya cerró 81. Asimismo, deberá garantizar financiamiento para los distintos programas destinados a la política de género, como el Acompañar y la línea 144.
Respuesta del Ministerio de Justicia
Hasta ahora, el Ministerio de Justicia no emitió una comunicación oficial respecto al fallo judicial. Sin embargo, trascendió que negó las acusaciones y, sobre todo, que no estén garantizados los derechos consagrados en la Ley contra la violencia hacia las mujeres.
La respuesta del ministerio fue difundida por el conjunto de organizaciones que motorizaron la demanda. En un comunicado conjunto, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Genero (ELA), Ni Una Menos, Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Fundación Mujeres x Mujeres (MxM) y Fundación para el desarrollo de políticas sustentables (Fundeps) celebraron el fallo y difundieron detalles del fallo.
Según indicaron en el comunicado, "el Estado negó aquello que ellos mismos habían anunciado airadamente por las redes sociales: el cierre de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género y los 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) en todo el país".
El Ministerio de Justicia le contestó al juez que “simplemente, y en uso de sus atribuciones, la actual gestión de gobierno ha procedido a reorganizar la estructura estatal y sus programas y organismos, tal como se ha detallado y surge de las disposiciones y decretos publicados y en vigencia”.
Sin embargo, para el juez no fue suficiente. "El Estado no ha respaldado con documentación sus afirmaciones para demostrar de qué forma se estarían garantizando los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes víctimas y potenciales víctimas de violencia de género", indicó.
