“La prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar que implica que una persona acusada de algún delito debe permanecer en prisión mientras se lleva a cabo su proceso judicial”, explicó Arturo Zaldívar, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

¿Qué es la prisión preventiva oficiosa?

Esta medida implica que cuando una persona es acusada por algún delito, debe permanecer en prisión mientras se lleva a cabo su proceso judicial, sin necesidad de que exista una orden judicial específica.

¿Es necesaria la prisión preventiva oficiosa?

En México, la prisión preventiva oficiosa ha sido ampliamente criticada por organizaciones de derechos humanos, ya que consideran que viola el principio de presunción de inocencia y que es una medida desproporcionada que afecta principalmente a las personas de escasos recursos.

¿Qué países han eliminado la prisión preventiva oficiosa?

En otros países como Estados Unidos, Canadá y varios países europeos, la prisión preventiva oficiosa no existe o es aplicada de manera excepcional. En estos países, se considera que la prisión preventiva solo debe utilizarse cuando exista un riesgo real de fuga o de obstrucción de la justicia.

¿Qué cambios son necesarios para eliminar la prisión preventiva oficiosa en México?

Para eliminar la prisión preventiva oficiosa en México, se requiere una reforma constitucional. Además, es necesario implementar un sistema de medidas cautelares alternativas, como el uso de brazaletes electrónicos, la presentación periódica ante las autoridades o la prohibición de salir del país.

¿Qué consecuencias tendría eliminar la prisión preventiva oficiosa?

La eliminación de la prisión preventiva oficiosa podría tener varias consecuencias, entre ellas:

  • Una disminución de la población penitenciaria.
  • Una mayor libertad para las personas acusadas de delitos.
  • Un aumento del riesgo de fuga o de obstrucción de la justicia.

Es importante destacar que la eliminación de la prisión preventiva oficiosa no significa que las personas acusadas de delitos queden impunes. El Ministerio Público seguiría teniendo la obligación de investigar los delitos y presentar las pruebas ante los jueces, quienes serían los encargados de determinar la culpabilidad o inocencia de los acusados.