El Tribunal Superior de Justicia de Canarias suspende el protocolo de Clavijo sobre la acogida de menores migrantes
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha suspendido de manera "cautelarísima" —es decir, de forma provisional, antes de oír a todas las partes y de estudiar a fondo el asunto en el futuro— el protocolo del Gobierno canario para la recepción de menores migrantes que llegan solos a las islas. A través de una resolución fechada este viernes, el tribunal canario acepta la petición del ministerio público, que fue crítico con la medida del Ejecutivo de Fernando Clavijo, que pretende añadir nuevos trámites que obligarían a mantener a los niños bajo custodia policial horas e incluso días.
"Se accede a la suspensión [del protocolo] por la concurrencia de circunstancias de especial urgencia", dicen los magistrados.
La resolución judicial argumenta que el protocolo implica "una innovación no poco relevante del régimen jurídico actualmente en vigor". Y, aunque el propio plan del Gobierno aduce que se pone en marcha para garantizar los derechos de los menores, los magistrados concluyen que "resulta difícil negar" que su entrada en vigor "puede comprometer sin demasiada dificultad la entrega inmediata y recepción de dichos menores a las autoridades autonómicas que tienen confiado su cuidado". Una tesis que ya expuso la Fiscalía en su recurso; donde aseguraba que, de ejecutarse la iniciativa del Ejecutivo autonómico, los niños y adolescentes quedarían en "desamparo" y "desprovistos de atención inmediata" tras ser rescatados en el mar o al "ser interceptados a su llegada a la costa por la Guardia Civil o la Policía Nacional".
"Tan relevante alteración del actual marco normativo aconseja en este trance el mantenimiento del actual statu quo", precisa el TSJ canario, que remacha: "No cabe perder de vista, en efecto, la repercusión que es susceptible de desplegar la aplicación del protocolo sobre un colectivo tan especialmente sensible y vulnerable, como es el de los menores al que van dirigidas las actuaciones contempladas en el mismo".
En ese sentido, los jueces que firman la resolución (Pedro Hernández, Jaime Guilarte y José Suay) insisten en el "principio de elemental cautela" que debe primar en este caso. E, incluso, apostillan la necesidad de que se busquen "espacios de encuentro que propicien el logro de actuaciones coordinadas en el marco de un clima de lealtad y colaboración institucional que se antoja indispensable para abordar el fenómeno de la inmigración irregular y su singularísimo impacto que tiene en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias".
El protocolo impulsado por el presidente autonómico, Fernando Clavijo (Coalición Canaria) y publicado la pasado semana en el Boletín Oficial de Canarias impone unos requisitos previos para que la comunidad acepte acoger a un menor migrante que llegue solo a las islas. Se trata de una serie de trámites que competen, sobre todo, a la Policía Nacional y que supondrían retrasar la entrada del niño en un lugar de acogida adecuado. Entre ellos se requiere una reseña policial completa, una entrevista, un acto formal de entrega del menor entre agentes nacionales y autonómicos, y la confirmación de que existe plaza para el recién llegado. Fuentes policiales consideran que estas normas son inviables en situaciones de emergencia y vulnerabilidad como las que se encuentran cada vez que llega un cayuco.
Este viernes, antes de conocerse la suspensión cautelarísima, la consejera canaria de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha defendido que el plan del Ejecutivo regional responde a la posibilidad jurídica que existía de que las comunidades autónomas aprobasen un protocolo. "Lo que hace es adaptar esa situación a la canaria y la realidad", ha dicho la consejera, quien ha asegurado que el protocolo se está cumpliendo sin incidencias. "El procedimiento está en marcha. Los menores están siendo entregados con foto, con ficha, con el nombre, que era lo mínimo que se podía pedir, y están perfectamente atendidos. Pero es verdad que hay que hacerlo cumpliendo un protocolo por garantías jurídicas y garantía de los derechos de los menores", ha añadido.
El Gobierno central y el canario mantendrán el próximo lunes una primera reunión en el marco del conflicto de competencias planteado por el Estado en el Tribunal Constitucional. Barreto ha avanzado que el Ejecutivo de Fernando Clavijo defenderá su actuación, pero ha confiado en poder llegar a un acuerdo. "Creo que hay que sentarse ahí con seriedad para ver el planteamiento del Gobierno de España y que entiendan el planteamiento jurídico que hace Canarias. En estos sitios, cuando nos sentamos, la mayoría de las veces llegamos a acuerdo. La realidad de eso la conoceremos a partir del lunes que es cuando empieza el trabajo de verdad", ha apuntado.
Entre los argumentos del TSJ canario para suspender provisionalmente el plan, los jueces exponen que el propio protocolo "no incluye" una previsión "expresa" del inicio de su extrada en vigor. "Por lo que, a falta de una previsión de la indicada índole, nada parece impedir que se pueda pretender la exigibilidad de tales actuaciones de forma inmediata, esto es, a partir del momento mismo de la publicación oficial del protocolo", asevera el tribunal.
La Fiscalía entiende que este nuevo protocolo vulnera el derecho fundamental al principio de igualdad y la Convención de los Derechos del Niño, así como el derecho a la integridad moral. En un decreto fiscal, adelantado por EL PAÍS, el ministerio público ya denunciaba que "el protocolo olvida el principio de no discriminación": "Trata de forma diferente a los menores extranjeros no acompañados respecto de cualquier otro menor [...] Se desprende claramente que existe una discriminación por razón de origen".
