Apple ha acordado pagar 25 millones de dólares para resolver alegaciones de prácticas de contratación discriminatorias durante los años 2018 y 2019, tras una prolongada investigación por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ). Esta medida resuelve las supuestas violaciones del Acta de Inmigración y Nacionalidad, en la cual se alega que la compañía favoreció ilegalmente la contratación de trabajadores inmigrantes sobre ciudadanos estadounidenses y titulares de tarjetas verdes para ciertos empleos.
Según informes, las ofertas de trabajo afectadas no se publicaron en el sitio web de Apple como se hacía con otras posiciones, además de requerirse aplicaciones en papel a través del correo para las posiciones en cuestión. Estos procedimientos de reclutamiento menos efectivos resultaron en pocas o ninguna aplicación a los puestos bajo el programa PERM de personas cuya autorización para trabajar no dependía de un empleador específico.
Apple ha indicado que se han implementado planes de remediación sólidos para cumplir con los requisitos de varias agencias gubernamentales. Al respecto, se precisa que Apple pagará 6.75 millones en sanciones civiles y 18.25 millones a un número no especificado de trabajadores afectados. Además, la compañía deberá ajustar sus procesos de reclutamiento para alinearse con los estándares del programa PERM.
El acuerdo y las infracciones señaladas ponen de relieve las complejas leyes que rodean las prácticas de contratación y la discriminación laboral y el compromiso constante de Apple de crecer y contratar trabajadores estadounidenses.
Este caso subraya la importancia del cumplimiento de las legislaciones laborales y de inmigración en la gestión de los recursos humanos de las corporaciones internacionales, y la relevancia de mantener un ambiente de trabajo diverso e inclusivo que beneficie a todos los trabajadores por igual.
