Alertan expertos sobre una crisis constitucional en México por el desacato a las suspensiones en la elección del Poder Judicial
Expertos en derecho advierten sobre una posible crisis constitucional en México debido al constante desacato de las suspensiones judiciales contra la discusión e implementación de la reforma al Poder Judicial.
En un foro virtual organizado por EL FINANCIERO Bloomberg, la magistrada María Emilia Molina, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadores (AMJ), enfatizó que el Estado de derecho implica el cumplimiento de todas las órdenes judiciales, independientemente de si se está de acuerdo con ellas.
Desacato a las suspensiones judiciales
Molina lamenta que tanto el Legislativo como el Ejecutivo hayan hecho caso omiso de las suspensiones contra la discusión, promulgación e implementación de la reforma, lo que está llevando a un escenario en el que "el más fuerte decide".
La magistrada advierte que esta actitud está creando "una suerte de ley de la selva" y que las personas juzgadoras tienen la facultad de determinar estas medidas, con recursos legales para impugnarlas si se considera necesario.
Obligación de obedecer los mandatos judiciales
Molina de la Fuente asevera que las autoridades están obligadas a obedecer los mandatos judiciales para mantener una democracia constitucional.
"Una vez que está firme la resolución, no puede haber otra reacción de quien está condenado, más que cumplirla. Eso es un Estado de derecho", sentencia.
La magistrada lamenta que no solo no se estén cumpliendo los mandatos judiciales, sino que además se declare que no se acatarán, "con todo el cinismo", porque se cree que están mal y no deben cumplirse.
Premonición de futuras omisiones
Por su parte, el exconsejero electoral Marco Baños señala que estas omisiones son una premonición de lo que podría suceder con cualquier decisión de un tribunal que incomode al gobierno.
"Eso nos anuncia lo que va a pasar más adelante, cualquier situación que incomode al gobierno se van a frenar bajo el argumento de que son ilegales", advierte Baños.
El exconsejero critica que ahora la legalidad de un acto judicial no la darán los juzgadores, sino el gobierno, lo cual considera "una cosa muy grave".
Vacío legal en la implementación de la reforma
Baños también critica que el Instituto Nacional Electoral (INE) tenga que llenar el vacío legal que quedó en la legislación para implementar la reforma.
"No hay normas secundarias; creo que, con independencia de que las pudiera emitir el Congreso en las próximas semanas, es un hecho que éstas pueden entrar en contradicción con los criterios del INE", señala.
Ignorar las suspensiones es grave
Javier Martín Reyes, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, considera grave que las autoridades ignoren las suspensiones judiciales.
"No es normal que los poderes públicos se pasen por el arco del triunfo las suspensiones, que el INE, le gusten o no las suspensiones, vayan o no a acatar", afirma.
Reyes concluye que si se entra en una era en la que las decisiones judiciales son opcionales, se transita a un modelo donde el poder político decide qué se puede y qué no hacer.
"Una vez que está firme la resolución, no puede haber otra reacción de quien está condenado, más que cumplirla. Eso es un Estado de derecho" - María Emilia Molina, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadores (AMJ).
