Desmantelada una red dedicada al fraude de los hidrocarburos que evadió 133 millones a Hacienda

La Agencia Tributaria y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han desarticulado una nueva red de presunto fraude en el comercio de los hidrocarburos en España, valorada en más de 130 millones de euros que habrían sido evadidos. La operación, dirigida por la Audiencia Nacional, ha resultado en la detención de seis personas: dos en Sevilla y cuatro en Madrid. Además, se han llevado a cabo registros en las sedes de empresas vinculadas a esta trama en la capital.

Modus Operandi

La organización, liderada por un grupo de empresarios del sector, utilizaba empresas instrumentales para asumir artificialmente la responsabilidad del pago de impuestos generados por la comercialización de hidrocarburos. Una vez generado el fraude, los fondos eran transferidos a cuentas bancarias de empresas en terceros países, eludiendo así la acción de Hacienda.

Implicaciones y Consecuencias

El fraude del IVA en el sector de los carburantes es una práctica extendida en los últimos años en el país y representa ya alrededor de una cuarta parte del volumen total de venta de combustible. Estas tramas operan a través de redes de empresas ficticias, también conocidas como sociedades pantalla, que compran carburantes sin pagar el IVA correspondiente y luego desaparecen antes de que Hacienda pueda reclamar el impuesto.

El fraude se nutre de un modelo de empresa pantalla con testaferros, donde una sociedad de corta vida opera durante un periodo muy limitado de tiempo, pero suficiente para realizar unas pocas transacciones de grandes volúmenes de combustible y desaparecer antes de que Hacienda pueda iniciar el proceso de comprobación.

Competencia Desleal

Estas prácticas tienen otras derivadas mayores que engordan más todavía el fraude. En la construcción del precio final del combustible deberían incluirse otras obligaciones sectoriales como la reserva de biocarburantes (combustibles líquidos o gaseosos de origen renovable) para combatir el cambio climático o la aportación anual al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Sin embargo, una empresa que tiene la intención de desaparecer no imputa todos estos costes, por lo que el precio de salida es inferior. Esto, además de reducir las bases imponibles, provoca graves problemas de competencia con los productores y gasolineras que cumplen la normativa y venden a precios más altos.

Recomendaciones

  • Aumento de la vigilancia y los controles por parte de las autoridades fiscales.
  • Mejora de la colaboración entre las distintas administraciones implicadas.
  • Modificación de la legislación para endurecer las penas por fraude fiscal.
  • Campañas de concienciación para informar a los contribuyentes sobre las consecuencias del fraude fiscal.

El fraude fiscal es un delito que perjudica a todos los ciudadanos, ya que reduce los recursos disponibles para financiar servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación y las infraestructuras.