El Estado entra en Telefónica y se hace con el 3% de su accionariado

El Estado amplía su presencia en Telefónica y se hace con el 3% de su accionariado

El Estado ha entrado oficialmente en el capital de Telefónica, haciéndose con el 3% de su accionariado a finales de marzo. Esta operación se materializó gracias a los recursos del Presupuesto de 2023, que se ha prorrogado durante 2024.

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Movimientos previos

Sin embargo, los preparativos para esta entrada comenzaron varias semanas antes. El Ministerio de Hacienda concedió un préstamo inusual de 500 millones de euros a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), según un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

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El documento explica que parte del incremento de los pagos acumulados se debe a una "aportación patrimonial a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) por 500.000 miles de euros". Aunque el ministerio no especifica que este movimiento esté relacionado con la entrada en Telefónica, la cifra es similar a los 700 millones de euros en que se valoró el 3% de la operadora.

Planes de futuro

El Gobierno pretende que la SEPI adquiera el 10% del accionariado de Telefónica lo antes posible. Esta operación se decidió a mediados de diciembre de 2023, pero se complicó tras la decisión de no elaborar unas cuentas públicas para 2024, lo que imposibilitó presupuestar la transferencia necesaria.

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Para solucionarlo, el Ministerio de Hacienda recurrió a los fondos del Presupuesto de 2023, que se ha prorrogado este año. Con ellos, se sufragó la primera adquisición del 3%, y se empleará la misma fórmula para completar la operación y alcanzar el objetivo del 10% a corto plazo.

Todo indica que en los próximos presupuestos de gastos del Estado se volverá a aumentar esta partida para sufragar la adquisición completa, que se estima en unos 2.100 millones de euros.

La entrada del Estado en Telefónica se enmarca en una tendencia creciente de intervención pública en empresas estratégicas. El objetivo es garantizar el control de sectores clave para la economía y la sociedad, como las telecomunicaciones.