La vivienda en Cataluña: ¿Se ve el final del túnel?
La compraventa de viviendas en Cataluña continuó contrayéndose entre enero y mayo del año pasado a un ritmo del 5,7%, según las estadísticas del Ministerio de Transportes. La situación, mucho peor que en el promedio del conjunto español, no tuvo efectos en las arcas de la Generalitat, que se han recuperado parcialmente del batacazo del ejercicio precedente en los dos impuestos que gravan las transacciones de pisos. Entre el impuesto de Transmisiones Patrimoniales y el de Actos Jurídicos Documentados, la caja autonómica ingresó 1.341 millones de euros hasta junio, un 4,9% más que en el mismo periodo de 2023. Esa evolución supone una mejora de 62,9 millones de euros más en las arcas de la Generalitat, a tenor de los datos de ejecución presupuestaria de la Generalitat.
Es todo un contraste ante los 423 millones que se ingresaron menos en 2023 y apunta a la mejora del mercado que deslizan los expertos del sector, que vislumbran el fin del escenario anterior, cuando el auge de los tipos de interés frenó el mercado. Aunque el precio del dinero ha bajado, aún no parece estar visibilizando en los registros de la propiedad, donde continúan produciéndose menos operaciones que en el pasado.
¿Qué ha beneficiado a la Generalitat?
Uno de los elementos que han podido beneficiar a la Generalitat es que, pese a cerrarse menos operaciones, los precios no dejan de subir y compensan el número de compraventas. Según la Generalitat, en el primer trimestre los precios habían subido un 5,6%.
El Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), que se paga cuando se adquiere una vivienda de segunda mano, supuso unos ingresos de 1.000,2 millones de euros en los primeros seis meses del año, un 4,5% más (46 millones de euros más que en el primer semestre del pasado año). Por su parte, la recaudación del tributo de Actos Jurídicos Documentados (AJD), vinculado a las hipotecas, creció un 6,3% (20 millones más). Solo en el mes de junio experimentaron un crecimiento del 21,6% y el 27,9%, respectivamente.
El ITP es la principal vía de ingresos por impuestos propios y cedidos de la Generalitat y para el conjunto del año se prevé alcanzar los 1.830 millones. Junto al de Actos Jurídicos Documentados, permitió el crecimiento de recaudación de la Generalitat durante la primera mitad del año. Con el permiso del impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que creció a un ritmo del 7,9% y va camino de situarse en otro ejercicio récord.
En conjunto, los impuestos que la Generalitat recauda directamente le aportaron 2.289 millones de euros, un 5,8% más que un año antes. La previsión para todo el ejercicio se sitúa en los 4.811 millones.
La mejora de los ingresos tributarios vinculados al sector inmobiliario pueden explicarse también por el auge de la construcción en Cataluña (aunque en este ámbito hay que añadir la construcción de infraestructuras a la edificación residencial). En el segundo trimestre creció a un ritmo del 3,8% interanual, frente al 1,2% de los tres primeros meses del año.
"Los indicadores relacionados con la construcción residencial han mostrado señales estables y menos negativos que un año atrás", sostiene el último informe sobre coyuntura del Departamento de Economía, en el que se puede detectar cierta relación entre la evolución de proyectos y la marcha del mercado. Los visados de obra nueva, que cayeron el pasado año, aumentaron un 17% hasta el mes de abril y el empleo continúa creciendo en el sector.
Perspectivas
Pese a ello, los técnicos del Departamento de Economía y Hacienda reconocen que los ingresos de la Generalitat durante entre enero y junio se situaron en los 18.262 millones, un 15,2%. La explicación se encuentra en los anticipos de la liquidación del modelo de financiación aportados por el Gobierno central. Se trata de los últimos coletazos en la gestión financiera del Gobierno en funciones de Pere Aragonès, que prepara el intercambio de carteras con el futuro equipo de Salvador Illa, que debería superar su investidura en los próximos días.
Los gastos durante el primer semestre del año se han situado en los 19.369 millones, un 9,3% más. Ese incremento el Govern lo explica por el aumento del gasto de conciertos sanitarios y sociales y la provisión de 365 millones de euros para hacer frente a la sentencia por el fiasco de la privatización de Aguas Ter-Llobregat (ATL), la empresa pública que gestiona el agua en alta que consume la mayor parte de la población catalana. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sentenció a favor de la demanda de Acciona, adjudicataria inicial del concurso, que demandaba que se le devolviera el dinero invertido hasta aquel momento en la empresa de la Generalitat.
