El Tribunal Constitucional concede amparo parcial a otros cuatro exconsejeros de la Junta de Andalucía
¿Quiénes se benefician de la resolución?
El Tribunal Constitucional ha concedido este miércoles amparo parcial a otros cuatro exconsejeros de la Junta de Andalucía de la época del PSOE condenados por prevaricación y malversación en el caso de los ERE, lo que supondrá una rebaja sustancial de sus condenas.
Los beneficiados por la resolución del tribunal de garantías son Carmen Martínez Aguayo (extitular de Hacienda y que fue número dos del expresidente José Antonio Griñán), Antonio Fernández García (exconsejero de Empleo), Francisco Vallejo Serrano (exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa) y Jesús María Rodríguez Román (exconsejero de Justicia y exviceconsejero de Innovación).
Situación actual de los exconsejeros
Todos ellos están en prisión desde enero de 2023, aunque Martínez Aguayo accedió al régimen de semilibertad (tercer grado) hace tres semanas.
¿Qué pasará ahora?
En los cuatro casos, las sentencias del Constitucional ordenan retrotraer las actuaciones a la Audiencia Provincial de Sevilla, que fue el tribunal que dictó la primera sentencia de los ERE, en 2019, y será quien decida en qué medida se reducen las condenas.
Con las resoluciones de hoy, son ya seis los ex altos cargos de la Junta exonerados, total o parcialmente, por el órgano de garantías en los últimos días.
La primera sentencia
La primera sentencia dictada este miércoles ha sido la referida al exconsejero de Empleo Antonio Fernández García, condenado a siete años y 11 meses de cárcel, e inhabilitación absoluta durante 19 años y medio, por delitos de prevaricación en concurso medial con malversación. Fernández García está en prisión.
El Constitucional considera que se vulneró el principio de legalidad penal
El Constitucional concluye que, durante el proceso, la Audiencia Provincial de Sevilla y el Tribunal Supremo vulneraron el principio de legalidad penal.
Antecedentes del caso de los ERE
La primera sentencia del caso de los ERE —el reparto fraudulento de ayudas públicas a empresas en crisis en Andalucía entre 2000 y 2009, que el PP siempre ha calificado como el mayor caso de corrupción de la democracia— la dictó en 2019 la Audiencia Provincial de Sevilla.
Fueron condenados 19 ex altos cargos de la Junta de Andalucía de época del PSOE, incluidos dos expresidentes: Manuel Chaves y José Antonio Griñán. En 2022 el Tribunal Supremo confirmó esa sentencia para 15 de los condenados —seis de los cuales entraron en prisión— y absolvió a tres. Otro falleció.
Aquella sentencia sostenía que, entre los años 2000 y 2009, el Gobierno andaluz urdió un “sistema fraudulento” dotado con 680 millones de euros que, en medio de un “descontrol absoluto”, repartió fondos a empresas en crisis para garantizar la “paz social”.
Doce de los condenados acudieron al Constitucional, que en las últimas semanas ha resuelto siete de esos recursos: el de la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez, condenada por prevaricación (a quien concedió amparo parcial); el del exconsejero de Empleo José Antonio Viera (un recurso que el tribunal desestimó de plano por un defecto de forma, por lo que Viera sigue cumpliendo cárcel por malversación, aunque en régimen de semilibertad por su estado de salud); el de Miguel Ángel Serrano Aguilar, exdirector de la agencia pública encargada de pagar las ayudas a las empresas en crisis (condenado por malversación y que salió de la cárcel este martes tras recibir el amparo del Constitucional) y ahora los de los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Antonio Fernández García, Francisco Vallejo Serrano y Jesús María Rodríguez Román.
