España se enfrenta a una deuda multimillonaria por recortes a las renovables

Hace más de una década, España se vio envuelta en una maraña de procesos judiciales internacionales por el recorte a las primas de las renovables como consecuencia de la crisis económica de 2008. Inversores, fondos y promotores internacionales han puesto sobre la mesa del Ministerio para la Transición Ecológica una propuesta de acuerdo para reinvertir en proyectos verdes parte de lo que España les debe.

Los laudos internacionales ya han dictaminado sentencias que suman más de 1.800 millones de euros entre sanciones, costas e intereses, pero sigue en el limbo que los acreedores consigan que España les pague lo que la justicia internacional dictamina.

El escollo de las ayudas estatales

La Unión Europea ha invalidado los laudos de los arbitrajes internacionales al considerarlos ayudas de Estado, lo que complica el pago de las indemnizaciones. España no puede cumplir con lo que sentencian los arbitrajes porque se arriesga a que Europa la multe por considerar que esos pagos son ayudas de estado.

400 activos españoles en el extranjero

Los acreedores han identificado más de 400 activos españoles en el extranjero, incluidos bienes inmuebles y activos financieros, que pueden ser objeto de órdenes de embargo para compensar a los afectados. Uno de los activos más valiosos es la indemnización reconocida a España por la catástrofe del barco Prestige, valorada en más de 925 millones de euros.

Mientras se alarga este proceso, el total adeudado por España suma más de 1.800 millones de euros, de los cuales más de 317 millones son intereses de demora.

Diálogo y alternativas

El Gobierno español está buscando soluciones para poner fin a este largo proceso. En 2019, se aprobó un Real Decreto que incluía una nueva retribución a las renovables y un pacto para poner fin a los litigios internacionales.

Los inversores están dispuestos a reinvertir parte de lo que España les debe en proyectos verdes, como licitaciones de hidrógeno verde u otras tecnologías alternativas. Esto podría ayudar a reducir la deuda y fomentar la transición energética en España.