El pleito por la indemnización de Sandra Ortega y su exgestor llega al Supremo
El Tribunal Supremo es el encargado de resolver el conflicto entre Sandra Ortega, la hija del fundador de Inditex, y José Leyte, su exgestor, por la cuantía de la indemnización por despido.
Los puntos en litigio
Las principales cuestiones que se están debatiendo son dos: si la relación laboral de Leyte era de alta dirección u ordinaria, y si para calcular el finiquito se debe tener en cuenta el bonus anual que cobró antes de su despido en noviembre de 2020.
Los antecedentes del caso
El despido de Leyte por falta de confianza dio lugar a varios frentes judiciales. Por un lado, la firma de Ortega le acusó de falsificar su firma y avalar a Room Mate, que acabó en concurso de acreedores, así como de haberse apropiado tres millones de euros entre 2015 y 2019 mediante el cobro de bonus y nóminas. La justicia archivó ambos procedimientos de forma definitiva.
Por otro lado, Leyte demandó a Rosp Corunna, la family office de Ortega, tras su despido para reclamar una indemnización mayor a la abonada, así como su readmisión en la empresa.
El fallo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia
El Tribunal Superior de Justicia de Galicia falló parcialmente a favor de Leyte en mayo de 2023. Le dio la razón con respecto a la inclusión en la indemnización de la parte proporcional del bonus cobrado y la falta de preaviso de seis meses estipulado en el contrato. Esto supuso que el finiquito se elevara hasta 1,14 millones de euros.
No obstante, el tribunal gallego mantuvo que la función de Leyte en el grupo familiar era de alta responsabilidad, como representante de Rosp Corunna y de Rosp Corunna Participaciones Empresariales (RCPE) en las juntas generales de accionistas de sociedades como Inditex, Pharma Mar o Zeltia.
El recurso al Tribunal Supremo
Tanto la defensa de Ortega como la de Leyte han recurrido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ante el Tribunal Supremo, que tendrá la última palabra sobre el monto que finalmente percibirá Leyte.
La trascendencia del caso
La cuestión sobre la relación laboral es trascendental, ya que los altos directivos tienen una regulación laboral propia en España. Esta regulación establece un mínimo de siete días de salario por año de servicio, con un límite de seis mensualidades, para los casos de extinción de contrato, siempre que no se haya pactado algo distinto en el contrato.
En el caso de los despidos objetivos de las relaciones laborales comunes, la legislación recoge 20 días de salario por año trabajado, con un tope máximo de 12 mensualidades. Si el despido es declarado improcedente, el mínimo fijado para los altos cargos es de 20 días de sueldo por año de servicio y hasta un máximo de 12 mensualidades, mientras que para el resto está marcado en 33 días por año, con un máximo de 2 años, o de 45 días por año de servicio, con un límite de 42 meses, para los contratos suscritos antes del 12 de febrero de 2012.
El Tribunal Supremo tendrá que analizar la labor de Leyte y si, como dicen los fallos precedentes, era el máximo responsable de Rosp y únicamente rendía cuentas ante Sandra Ortega "en la gestión de un patrimonio superior de miles de millones".
También deberá dirimir si los bonus anuales que cobró Leyte en febrero de 2020 deben ser tenidos en cuenta en la indemnización.
