La Generalitat de Cataluña exige a personas sin hogar que devuelvan ayudas concedidas erróneamente.
Fallo en la gestión de prestaciones
Entre las 9.500 familias vulnerables que han recibido o recibirán una notificación de la Generalitat para devolver parte de las ayudas sociales hay varias personas sin hogar, según ha denunciado la entidad Arrels.
La organización señala que estas personas suelen tener muchas dificultades para comunicarse con la administración y que tienen unos ingresos mínimos, por lo que devolver ahora los importes recibidos es imposible.
Eva Hobeich, responsable del equipo jurídico de Arrels, explica que la entidad ha iniciado los procedimientos administrativos para llevar estos casos por la vía judicial, pero confía en que el nuevo Govern encuentre una solución por la vía del diálogo antes de que lleguen a los tribunales.
El Govern también está buscando soluciones para evitar los procesos judiciales, aunque la administración tiene la obligación legal de reclamar los pagos que se abonaron indebidamente.
Falta de comunicación y coordinación
Los problemas de gestión en la tramitación de las prestaciones, especialmente de la Renta Garantizada de Ciudadanía, han provocado que se hayan abonado prestaciones con un montante superior al que realmente correspondía.
La falta de medios y personal para tramitar las prestaciones hace que se tarden meses en actualizar los cambios, como los relativos a la composición familiar o al padrón.
También hay casos en los que los usuarios no comunican los cambios por miedo a perder parte de las ayudas.
Además, existe un problema de coordinación entre departamentos de la Generalitat que otorgan prestaciones que a menudo son incompatibles entre sí.
Precedente
No es la primera vez que la Generalitat se enfrenta a demandas por la gestión de las prestaciones sociales.
Antes de la pandemia, decenas de personas, algunas de ellas también sin hogar, presentaron demandas porque sus solicitudes para optar a la Renta Garantizada de Ciudadanía eran denegadas irregularmente.
La Generalitat tuvo que revisar las solicitudes denegadas o pendientes y devolver el dinero a los afectados, a cambio del archivo de las demandas.
“Se está trabajando en encontrar los mecanismos legales para solucionarlo”, aseguran fuentes del departamento.
La integración de las prestaciones sociales de la Generalitat con el Ingreso Mínimo Vital podría ayudar a evitar muchos de estos errores.
