La polémica absolución de Dani Alves desata críticas y exige responsabilidad institucional
La reciente absolución del futbolista Dani Alves, quien había sido condenado por agresión sexual, continúa generando controversia y fuertes reacciones en diversos sectores de la sociedad española. En un hecho sin precedentes, las asociaciones de jueces y fiscales, tanto progresistas como conservadoras, se han unido para exigir «responsabilidad institucional» tras las críticas vertidas por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, contra la decisión judicial. Según Rincón y Marcos (2025), esta unidad entre las asociaciones solo se había visto en contadas ocasiones anteriores, lo que subraya la gravedad de la situación.
Un comunicado conjunto en defensa de la independencia judicial
Las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales han emitido un comunicado conjunto en el que reprochan a Montero sus palabras y enfatizan la importancia del respeto a la independencia judicial. «Instamos a todos los representantes públicos a ejercer la máxima responsabilidad en sus manifestaciones, especialmente cuando se refieren a decisiones judiciales», señala el texto. Además, advierten que las críticas infundadas a las resoluciones judiciales pueden erosionar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y poner en peligro el Estado de derecho (Ediciones EL PAÍS S.L., 1976).
La reacción de las asociaciones judiciales y fiscales no se ha hecho esperar ante lo que consideran una injerencia en la independencia judicial. Están argumentando que las críticas a las resoluciones judiciales, aunque legítimas, deben estar «fundadas y contextualizadas» (Rincón & Marcos, 2025). De lo contrario, tales manifestaciones podrían socavar la confianza ciudadana en las instituciones y poner en riesgo el Estado de derecho.
El Partido Popular se suma a las críticas y exige la dimisión de Montero
La oposición tampoco ha tardado en reaccionar. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado en X que Montero «no está en condiciones de ser la número dos de ningún Gobierno europeo». Por su parte, el portavoz popular, Borja Sémper, ha calificado las declaraciones de la vicepresidenta como «incompatibles con una visión democrática del Estado de derecho» y ha reiterado que debería dimitir de su cargo.
La defensa de Montero y la postura del PSOE
Ante la ola de críticas, María Jesús Montero ha respondido a través de redes sociales, afirmando que no aceptará «lecciones ni tergiversaciones del PP». Montero argumenta que la presunción de inocencia no debe impedir que se pueda expresar el rechazo al cuestionamiento sistemático de las mujeres que son víctimas de agresiones y del machismo.
En la misma línea, Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana y responsable de Igualdad de la dirección del PSOE, ha defendido a Montero, argumentando que, aunque su partido respeta el fallo judicial, se trata de una sentencia «muy difícil de digerir». Bernabé ha señalado que solo el 8% de las víctimas de agresiones sexuales denuncian, y que esta sentencia no ayuda a favorecer las denuncias.
El PSOE reafirma su compromiso con la protección de las víctimas
La portavoz socialista, Peña, ha subrayado que el proceso judicial no ha terminado y ha insistido en que la violencia sexual «no va a quedar impune» y que España «protege a las víctimas». Además, ha anunciado la intención del Gobierno de implantar 53 plazas de jueces de violencia de género antes de fin de año.
El Ministerio de Justicia ha remitido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una propuesta de Real Decreto que prevé incrementar en 53 las plazas de jueces y magistrados de violencia de género para facilitar que puedan asumir la instrucción de los delitos sexuales o de trata y mutilación genital femenina.
La importancia de la presunción de inocencia y el apoyo a las víctimas
Las asociaciones de jueces y fiscales recuerdan que la presunción de inocencia es «un derecho fundamental» recogido en la Constitución y en los tratados internacionales suscritos por España. Este principio garantiza que ninguna persona sea considerada culpable hasta que se demuestre su responsabilidad penal «mediante pruebas suficientes y obtenidas conforme a derecho» (Ediciones EL PAÍS S.L., 1976).
Sin embargo, también advierten sobre la «importancia de proteger y apoyar a las víctimas de delitos, especialmente en casos de violencia de género y agresiones sexuales». «Es fundamental que las víctimas se sientan respaldadas y que sus testimonios sean valorados con la seriedad y sensibilidad que merecen. Esta protección debe coexistir con el respeto a los derechos fundamentales de los acusados, asegurando un equilibrio que garantice la justicia en cada caso concreto» (Rincón & Marcos, 2025).
Un debate que continúa abierto
La polémica generada por la absolución de Dani Alves y las posteriores reacciones políticas y judiciales ponen de manifiesto la complejidad del debate en torno a la violencia de género, la presunción de inocencia y la independencia judicial. Mientras las asociaciones de jueces y fiscales exigen respeto a las decisiones judiciales y advierten sobre los riesgos de las críticas infundadas, el Gobierno y el PSOE reafirman su compromiso con la protección de las víctimas y anuncian medidas para reforzar la lucha contra la violencia de género. La discusión, sin duda, seguirá generando debate y controversia en los próximos días.
Fuentes de Ferraz reconocen que Montero «se dejó llevar por lo cruel de la sentencia», aunque insisten en que no creen que se tenga que disculpar. En todo caso, apuntan que tendrá ocasión de explicarse «mejor» en otra ocasión.
