Juzgado admite amparos colectivos contra aumento al transporte público en Nuevo León
El Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa del Poder Judicial de la Federación ha admitido a trámite dos amparos colectivos presentados contra el alza tarifaria decretada en noviembre de 2023 en Nuevo León, cuando el costo del pasaje pasó de 12 a 15 pesos sin cumplir con la ley.
La bancada del PRI se pronuncia
La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso local ha emitido un comunicado indicando que están estudiando los escenarios legales para solicitar que, ante la eventual medida cautelar, también se incluya el nuevo incremento de 15 a 17 pesos mediante un deslizamiento de 10 centavos, aprobado el pasado 3 de enero.
Audiencia constitucional programada
El documento indica que habrá una audiencia constitucional a las 11:30 horas del 27 de febrero para ver los avances. En el comunicado del PRI, los diputados estiman que el aumento gradual que inicia esta semana se basa en la tarifa ilegal de 15 pesos aplicada en noviembre, por lo que es posible que los juzgados federales puedan conceder y ampliar la suspensión.
CEDHNL emite medida cautelar
Tras recibir una queja de la organización Alianza de Usuarios de Servicios Públicos y Financieros y múltiples denuncias ciudadanas relacionadas con el incremento de las tarifas del transporte público en el Área Metropolitana de Monterrey, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) ha emitido una medida cautelar con la cual solicita suspender de manera inmediata el aumento tarifario y garantizar métodos de pago accesibles para toda la población, evitando la exclusión de los sectores más vulnerables.
Deficiencias en el transporte público
Además del impacto económico y tecnológico de las nuevas tarifas, la CEDHNL ha subrayado que el sistema de transporte público en Monterrey enfrenta deficiencias estructurales. La baja frecuencia de las unidades, la calidad insuficiente del servicio y la falta de capacitación de los operadores han sido señaladas como problemáticas constantes.
La Comisión ha advertido que las modificaciones tarifarias y los cambios en los métodos de pago afectan de manera directa los derechos humanos fundamentales, incluyendo el derecho a la movilidad, la vida digna, el acceso al mínimo vital, la salud, la educación, el trabajo, el descanso y la recreación, así como los derechos de mujeres, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad.
