El alcalde de Estepona, imputado por malversación tras una denuncia de acoso sexual
El juez que investiga al alcalde de Estepona, José María García Urbano (PP), por una denuncia de acoso sexual, ha abierto una nueva causa para investigar un supuesto delito de malversación de caudales públicos, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Supuesta contratación irregular de la expareja del denunciante
Este caso indaga sobre la supuesta contratación municipal como personal de confianza durante unos tres meses de la expareja del denunciante, con un sueldo de 3.600 euros, y sin que la mujer acudiera a su puesto de trabajo, según fuentes jurídicas.
El juez Íñigo Villar Gómez, titular del juzgado de instrucción número 5 de Estepona, tomó esta decisión después de escuchar en declaración judicial a la mujer, que acudió como testigo por la denuncia de acoso sexual.
El Ayuntamiento califica las denuncias de "injustas"
Fuentes municipales enmarcan estas denuncias en una "inadmisible e injusta campaña" y adelantan que la defensa del regidor solicitará el archivo de las actuaciones.
Indicios de malversación
El juez Villar explica en una providencia que, durante las diligencias del caso en el que se investiga el supuesto acoso sexual, han encontrado "indicios de una posible malversación de caudales públicos" y considera que "ha de ser objeto de necesaria instrucción".
Para ello, acordó abrir un nuevo procedimiento en el que se investigue únicamente ese delito y que se incluya la documentación de la que se desprenden esos indicios, y que fueron aportados por la mujer, como documentos relativos a su contratación y nóminas, y su declaración judicial.
Además, se sumará otra documentación que reclamaron al Ayuntamiento de Estepona el 10 de diciembre.
Pena de prisión de hasta tres años
Los hechos que se investigan están comprendidos en el artículo 432 bis del Código Penal, que castiga a la autoridad o funcionario público que, sin ánimo de apropiárselo, destina a usos privados el patrimonio público puesto a su cargo.
La pena contemplada oscila entre los seis meses a tres años de prisión y suspensión de empleo o cargo público de uno a cuatro años.
García Urbano, alcalde de Estepona desde 2011
García Urbano es alcalde de Estepona con el PP desde el año 2011. En las pasadas elecciones, de 2023, obtuvo 17 de los 25 concejales del municipio y revalidó el título del regidor más votado entre los municipios de 50.000 habitantes.
