El Defensor del Pueblo y el PSOE se enfrentan a las leyes de Ayuso
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha anunciado este lunes un recurso de inconstitucionalidad contra un inciso de un artículo de la ley trans aprobada por el Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso en diciembre. En paralelo, fuentes del PSOE avanzan a EL PAÍS que el líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, anunciará este martes la impugnación de la ley ómnibus, que ha permitido al PP controlar la Cámara de Cuentas, el Consejo de Transparencia y la radio y televisión públicas de la región.
Una batalla legal que se traslada al Constitucional
Estas dos decisiones elevan a ocho los recursos contra normas o decisiones de Ayuso y la Asamblea pendientes de resolución o admisión por el alto tribunal, un balance que constata que la oposición cree haber encontrado en el Constitucional una vía para batallar contra las leyes más polémicas de la líder conservadora.
Una ley trans en el punto de mira
El recurso de Gabilondo se dirige contra un inciso de la ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid que establece la obligatoriedad de que los menores trans que quieren recibir tratamiento hormonal tengan apoyo de profesionales de salud mental infanto-juvenil, y lo mantengan durante todo el proceso. Además, en el caso de que existiera comorbilidad —presencia de dos o más enfermedades al mismo tiempo en una persona—, será imprescindible un informe favorable del profesional que esté tratando al menor en dichas patologías.
Ambos requisitos resultan, a juicio del Defensor del Pueblo, “patologizantes y desproporcionados con respecto al bien que se quiere proteger”. Se trataría de un caso de “sobreprotección” que supera las competencias del legislador, según Gabilondo, pues ya es requisito previo al inicio del tratamiento que un pediatra examine al menor y que el proceso sea autorizado por quienes tengan su tutela, o por un juez.
Una ley ómnibus que genera polémica
Por su parte, el PSOE ha registrado un recurso de inconstitucionalidad contra la ley ómnibus, según documentación a la que accedió EL PAÍS. “Una ley que modifica 10 leyes y que transforma sustancialmente el régimen jurídico de la Cámara de Cuentas, de Radio Televisión Madrid y del Consejo de Trasparencia y Participación, dificulta el ejercicio de sus funciones representativas a los Grupos Parlamentarios y a los Diputados de la Asamblea, funciones que les reconoce el artículo 22.3 de la Constitución”, argumentan los socialistas, que plantean reabrir el debate sobre estas normas de contenido heterogéneo, que ya fueron avaladas en 2011 por el Constitucional, además de cuestionar el procedimiento por el que se aprobó, y artículos concretos que consideran inconstitucionales.
Con la reforma aprobada por el PP, el número de miembros de la Cámara de Cuentas pasa de tres a siete y se modifica el sistema de elección de presidente y consejeros para que sea similar al de elección de la Mesa de la Asamblea. Es decir, el partido mayoritario controlará la Cámara, como ocurre con el Parlamento, sin tener que alcanzar acuerdos con la oposición.
Dicho de otra forma: el Gobierno del PP tendrá las riendas del organismo que debe fiscalizar al Gobierno del PP, para lo que ha seleccionado a un grupo de cinco consejeros entre los que se encuentra el expresidente socialista de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, que cobrará 100.556,52 euros al año.
Un campo de batalla judicial más amplio
Pero el campo de batalla en el que se ha convertido el Constitucional es mucho más amplio. En él se enfrenta el Gobierno de Ayuso con el Ejecutivo central y con otros partidos de la oposición. Así, Podemos ya pidió amparo en 2021 contra la aprobación de la ley del suelo, al estimar que no había quorum en la votación en la que salió adelante, y recurrió en 2022 la ley Úber, que permitió seguir operando en la región a las empresas de VTC (Uber, Cabify o Bolt).
Por su parte, Más Madrid está pendiente de la resolución de un recurso de amparo contra la decisión de inadmitir a partir de las elecciones de 2021 preguntas, comparecencias y peticiones de información relacionadas, entre otros asuntos, con la gestión de la pandemia, o con la comisión de 234.000 euros cobrada por el hermano de la presidenta por facilitar las mascarillas que necesitaba una empresa para cumplir el contrato de 1,5 millones firmado con la administración que preside su hermana.
Las leyes trans y contra la LGTBIfobia, precisamente, enfrentan también al Gobierno regional con el central. De esta manera, el Estado ha convocado a la Comunidad a una mesa bilateral de negociación para intentar resolver los puntos de esas reformas que considera inconstitucionales. Si no se logra un acuerdo en seis meses, el Gobierno de España también llevará sus discrepancias con el Ejecutivo regional al Tribunal Constitucional.
Un camino de ida y vuelta
El alto tribunal ya ha admitido a trámite el recurso que planteó Madrid contra un contrato del Estado para formar a familias de acogida, al considerar que invade sus competencias.
