Airbnb advierte sobre el decreto para regular los alquileres turísticos en España
Airbnb, la plataforma de alquiler de pisos turísticos más grande del mundo, ha criticado duramente el decreto que prepara el Ministerio de Vivienda para acabar con la oferta ilegal de viviendas turísticas. La compañía considera que las medidas propuestas tendrán un efecto negativo en el precio del alquiler y en los ingresos de quienes obtienen parte de sus ingresos a través de esta actividad.
Casos internacionales
Airbnb cita los casos de Portugal, Nueva York y Escocia como ejemplos de la falta de eficacia de las regulaciones cuando no se adaptan a la realidad local o se utilizan como única solución para abordar la crisis de la vivienda. En Nueva York, un año después de prohibir los alquileres de corta duración, los precios de la vivienda siguen aumentando y los turistas están pagando precios de hotel históricos. En Escocia, las normas restrictivas han tenido un impacto negativo en el turismo y la economía.
La situación en España
Airbnb traslada estos ejemplos a España, concretamente al caso de Barcelona, donde existe una moratoria para la obtención de licencias de viviendas turísticas desde 2014. En la ciudad condal, los precios del alquiler han aumentado un 70% en 10 años, lo que demuestra que las restricciones generales a los alquileres turísticos no abordan adecuadamente los problemas subyacentes de vivienda.
La plataforma también defiende que los pisos turísticos, por su reducido número, no son los responsables de la falta de vivienda en alquiler. Según datos del INE, las viviendas turísticas suman 340.000 unidades en toda España, lo que supone apenas el 1% del total de viviendas. En cambio, hay 4,7 millones de casas vacías, lo que representa el 14% del parque inmobiliario.
Crítica a la propuesta del Gobierno
Airbnb critica la propuesta del Gobierno porque se desvía del propósito original de la Unión Europea, que busca la elaboración de normas locales específicas y proporcionadas, gracias al intercambio de datos entre gobiernos y plataformas. El decreto, en cambio, introduce nuevos requisitos que generan confusión y cargas administrativas adicionales.
La plataforma aboga por una regulación equilibrada y proporcionada, y se compromete a colaborar con las autoridades españolas para asegurar la adopción de una normativa local armonizada con la regulación europea. Esto facilitará el intercambio de datos entre plataformas y autoridades, simplificará los procesos para los anfitriones y pondrá en valor el hospedaje como motor económico para España, especialmente en áreas rurales donde no hay hoteles.
