El aeropuerto de Barcelona, en el limbo
El aeropuerto de Barcelona-El Prat sigue en el limbo. Nadie sabe a ciencia cierta si el agrandamiento de sus instalaciones proyectado por Aena verá la luz en los próximos años debido a desacuerdos entre los partidos políticos.
El cambio político en Cataluña, con el PSC (Partido Socialista de Cataluña) instalado en el Palau de la Generalitat, permite pensar que el trueque en el Govern reanima una operación frenada en los despachos desde el verano de 2021.
Intereses del Gobierno catalán y empresas
El PSC llevaba esta propuesta en su programa electoral, en el que hacía mención expresa a la construcción de una terminal satélite y al alargamiento de 500 metros de la pista mar, el principal foco de conflicto por el impacto que tendría sobre las zonas protegidas por la Unión Europea que rodean al aeródromo. Sin embargo, se ha evitado hablar mucho al respecto, consciente de que el ruido que genera es tan atronador como el de un avión levantando el vuelo.
Tanto el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, como su partido no han escondido su preferencia, así como la de las instituciones empresariales catalanas, por ejecutar el plan de 1.700 millones de euros de Aena, en aras a apoyar el crecimiento y la productividad de la economía autonómica.
La excusa es el viejo sueño de ubicar en Barcelona un nodo regional aeroportuario y acabar con la alta especialización en vuelos de bajo coste que hoy en día padece el aeropuerto Josep Tarradellas, el segundo mayor de la red de Aena.
Ampliación en tela de juicio
El aeropuerto no puede operar con normalidad con sus tres pistas. La pista mar, la que se pretende alargar, porque es demasiado corta (2.660 metros) para los aviones más grandes y cargados hasta los topes para hacerlos más rentables. La pista paralela, situada en el lado de la montaña y más larga (3.352 metros), porque los motores de las aeronaves que despegan desde allí retumban sobre los residentes de las poblaciones situadas al oeste del aeropuerto. La tercera pista, transversal, tampoco sirve porque es también muy corta (2.528 metros) y en el caso de que tuviera rodadura suficiente, utilizarla con normalidad afectaría a la operativa de las otras dos pistas que cruza.
La prolongación de la pista no persigue solventar solo ese límite de capacidad, sino ganar espacio para que los aviones de mayor fuselaje, los que nutren los vuelos transoceánicos, y sus aerolíneas fijen en Barcelona algunas de sus rutas.
Acuerdo político lejos
ERC (Esquerra Republicana de Catalunya) ya le dejó claro al PSC el día de su investidura que la pírrica mayoría con la que cuenta en el Parlament le obliga a dejar de lado su programa electoral y a superar el día a día vía acuerdos. En el acuerdo con los republicanos, el tema del aeropuerto no tiene más compromiso que una potencial “mejora” de las instalaciones y una mayor participación de la Generalitat en su gobernanza.
Los Comunes, el otro partido muleta para la mayoría de Illa en Cataluña, siempre se ha opuesto a una ampliación de El Prat que afectase a zonas protegidas.
El epílogo de Esquerra en el Govern de la Generalitat fue además una ampliación del perímetro de zona verde alrededor del aeropuerto, toda una declaración de intenciones de lo que será esa negociación en los próximos meses.
El tiempo apremia
Lo que está claro a estas alturas de la película es que el tiempo ya apremia. Todos los expertos consideran que en 2025 el Gobierno catalán debería tomar una decisión definitiva para que Aena la tenga en cuenta en la redacción de su próximo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA).
En el proyecto de DORA de 2021 es donde figuraba la ampliación del aeropuerto de Barcelona, inversión que saltó por los aires porque hacía mención a la afectación sobre hectáreas de la Red Natura 2000 que protege la Unión Europea.
El temor es que otros aeropuertos europeos acaben quedándose esos vuelos intercontinentales que, eso sí, ningún partido político quiere que Barcelona pierda.
