El Banco de España lanza un aviso sobre el reto de las pensiones e indica que ni la llegada de inmigrantes, ni las subidas de cotizaciones, ni los incentivos para retrasar la jubilación serán suficientes. Este problema tiene "una envergadura extraordinaria" y es "uno de los mayores desafíos a los que se enfrentarán las principales economías en los próximos años", según su informe anual publicado este martes. El envejecimiento en España será más acusado que en otros países: para mantener la tasa de dependencia actual del 26%, el Banco de España apunta que esto implicaría que la población inmigrante trabajadora subiera en más de 24 millones hasta un total de 37 millones; habría bastantes más trabajadores extranjeros que españoles.
Inmigración y formación
Con más de un 17% de los residentes nacidos fuera, España ya está entre los cuatro países del mundo con una mayor proporción de extranjeros tras Estados Unidos, Alemania y Reino Unido. A pesar del elevado dinamismo de los flujos migratorios hacia España, “no parece probable que la inmigración pueda evitar el proceso de envejecimiento en el que se encuentra inmerso nuestro país”, concluye. Aunque contribuyen de forma decisiva a paliar la escasez de mano de obra, los inmigrantes no presentan la formación de los nacidos en España y no servirían para responder a las necesidades que creará la transformación tecnológica.
Proyecciones de pensiones
El supervisor cuestiona las proyecciones del Gobierno y de la Comisión Europea sobre la partida de pensiones. Recuerda que los desembolsos en prestaciones siempre han superado las cifras previstas y que, por lo tanto, estas se han estado revisando continuamente al alza. Cuestiona directamente una de las principales medidas de ahorro que ha planteado el Ejecutivo y que ha aceptado Bruselas: los incentivos para demorar de forma voluntaria la jubilación más allá de la edad legal.
Los cálculos del Gobierno sostienen que en 2050 el gasto puede bajar en unos 1,4 puntos de PIB porque la mitad de los trabajadores van a retrasar por voluntad propia su retiro durante tres años.
Recorte en la pensión inicial
El Banco de España ni siquiera cuestiona el número de ciudadanos que vayan a posponer su jubilación que ha aumentado desde el 4% al 8% de las jubilaciones en los últimos años. El supervisor afirma que hay mucha incertidumbre sobre cuántos retrasarán su retiro. Tampoco pone en duda la cifra de ahorros que se pueden obtener tomando la muestra de vidas laborales de la Seguridad Social, pero apunta que el ahorro podría ser bastante más reducido: al menos la mitad de lo que calcula el Ejecutivo, en parte porque después tendrían que pagarles más prestación por los incentivos.
El Banco de España estima el ahorro entre dos décimas si todos toman el 4% anual y seis décimas si todos cogen el pago único. Por tanto, todas las altas ordinarias tendrían que producirse tres años más tarde tomando el pago único para acercarse a la cifra de ahorro esperada por el Gobierno. El ahorro acabaría siendo bastante inferior si un porcentaje importante tomara el 4% anual.
Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, asegura que “tendría un efecto limitado en la reducción del gasto en pensiones”. La reforma de pensiones aprobada entre 2021 y 2023 ha aumentado las obligaciones de gasto sin elevar en la misma medida los ingresos. En 2025, con alta probabilidad, se pondrá en marcha la cláusula de revisión de las pensiones que impuso Bruselas, lo que obligará a subir las cotizaciones por valor de la desviación prevista en el gasto.
Alternativas a las subidas de cotizaciones
El Banco de España desaconseja subir las cuotas sociales porque, según sus estimaciones, por cada punto que suban las cotizaciones se pierde un 0,25% del empleo al cabo de cuatro años; unos 50.000 trabajos por cada punto. La reforma aprobada ya contempla una subida de casi tres puntos sin poner en marcha la cláusula de revisión de 2025. Podría ser perjudicial para el empleo, la competitividad de la economía y la equidad intergeneracional.
Por ello, propone analizar alternativas a las alzas de cotizaciones y pone sobre la mesa evaluar las llamadas tasas de reemplazo, es decir, cuánto porcentaje de su salario se lleva el trabajador a su pensión. Rebajarla supondría un recorte de la pensión inicial pero ayudaría a la sostenibilidad del sistema. También reclama que se examine la evolución del ahorro privado y su capacidad para completar el sistema público de prestaciones.
La inflación y los ingresos
El supervisor cifra el aumento de los ingresos públicos debido a la inflación: desde 2019, cerca de un tercio del aumento de la recaudación en el IRPF se debe a no haber actualizado la tarifa con los precios. Esto ha elevado el tipo medio que se paga por el impuesto de la renta desde el 12,8% de 2019 hasta el 14,7% en 2023, un 70% de este incremento se debe a la no actualización.
Aunque ha subido más el tipo efectivo para tramos entre 16.300 y 28.500 euros, estos pagan poco por IRPF. De modo que los más afectados en cantidades son rentas más altas porque son las que tributan más y se reduce la desigualdad. El 20% de los contribuyentes con mayor renta, que empieza a partir de los 42.000 euros, paga el 73% de la recaudación. Esta subida de la presión fiscal ha reforzado los ingresos públicos, un fenómeno que está sucediendo en todos los países y que seguirá ocurriendo si no se actualizan los parámetros de la tarifa del IRPF llegando a un tipo efectivo del 15,3% en 2025.
Ajuste anual
A pesar del empuje en los ingresos, el agujero de las cuentas públicas ha aumentado de forma estructural, un déficit que el banco calculaba en el 3,1% del PIB en 2019 y que ahora sitúa en el 3,7%, casi la mitad de lo que se recauda por IRRF. Una cifra elevada en términos históricos y en comparación internacional. Ha aumentado por las pensiones y por el consumo público debido al incremento del empleo y de las compras corrientes.
El consumo público ha supuesto siete décimas de crecimiento para el PIB en el último año, una ayuda para la actividad, pero que eleva el reto de corregir la desviación de las cuentas públicas. El banco calcula que con las nuevas reglas fiscales europeas hará falta un ajuste anual del entorno del 0,5% del PIB durante siete años; unos 7.000 millones de euros al año con el PIB actual. De forma acumulada serían 3,5 puntos de PIB entre 2025 y 2031, un esfuerzo similar al realizado entre 2010 y 2013, cuando se hizo un ajuste anual cercano al 2,5% del PIB.
La institución avisa de que esto afectará al crecimiento. Pide una recomposición de los ingresos y gastos para que tengan mayor eficiencia y calidad. Sobre todo insiste en reordenar los impuestos para que sean más favorables al crecimiento económico y recuerda que la literatura académica establece que es mejor poner una mayor carga en los impuestos al consumo y los medioambientales, que distorsionan menos la actividad que los impuestos directos como el IRPF o Sociedades.
Conclusión
El Banco de España alerta sobre el gran reto que suponen las pensiones en nuestro país. Considera que las medidas actuales no serán suficientes para abordarlo y propone analizar alternativas para garantizar la sostenibilidad del sistema.
