Diálogo Social

Los sindicatos defienden la legitimidad de los acuerdos alcanzados en el diálogo social, mientras que los nacionalistas de izquierda y el PP reclaman un mayor margen de modificación en el Parlamento.

La nueva Ley de Participación Institucional eleva el diálogo social en Andalucía al máximo nivel, otorgándole rango de ley y garantizando la participación de sindicatos y empresarios en la toma de decisiones públicas.

El PP restablece las relaciones con patronal y sindicatos, con el Serla como eje clave. La nueva consejera, Leticia García, apuesta por el diálogo y la negociación.

La CEOE se niega a que Conpymes entre en el diálogo social, mientras que el Gobierno apoya su incorporación. El conflicto podría dar lugar a un nuevo modelo de diálogo social en España.

El Ministerio de Trabajo, UGT y CCOO firman un acuerdo para combatir la discriminación laboral del colectivo LGTBI+ en España. El acuerdo incluye medidas como la formación obligatoria en diversidad e inclusión, y la implementación de protocolos contra el acoso y la violencia.

Las negociaciones entre ambos sectores están estancadas por la reducción de la jornada laboral y el reconocimiento de nuevas organizaciones empresariales, lo que ha generado malestar y acusaciones de estrategias dilatorias.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha solicitado al Gobierno de España que continúe garantizando la consulta efectiva con empleadores y trabajadores en asuntos laborales.

CEOE, Cepyme y ATA critican duramente al Ejecutivo por modificar la negociación colectiva y abrir el Consejo Económico y Social a organizaciones autonómicas.

El diálogo social se ha paralizado debido al rechazo del real decreto de subsidios por desempleo. Los agentes sociales piden al Gobierno propuestas concretas y denuncian la falta de avances en medidas relacionadas con la jubilación.

Agentes sociales en España discuten la reducción de la jornada de trabajo en términos anuales, no semanales.